Juan Francisco Gonzales Urgel
“Mientras yo hago cola para comprar arroz, mi esposo está haciendo cola para comprar aceite. Por celular, una red de amigos, nos indican qué otra cola podemos hacer para comprar lo que haya en los supermercados. Los puestos de MERCAL (red de expendios del gobierno) nunca tienen nada. La mayor parte de lo que se importa para el consumo interno se va de contrabando fuera del país” me contaba una amiga boliviana quien hoy vive en Barquisimeto, Estado Lara, en la República Bolivariana de Venezuela.
A comentarios como éste se suman las noticias llegadas desde el mismísimo centro de la ALBA, el supra Estado que el fallecido Hugo Chávez soñara como telón de fondo para el culto a su personalidad, “A partir del 30 de noviembre (…) todos los supermercados y abastos del país deberán incorporar dispositivos para capturar huellas digitales a sus procesos de facturación” comunicaba un personero titular de la oficina de Precios Justos (El País, 22.08.14), en medio de vaticinios de que el control biométrico sólo serviría para incrementar la escasez de alimentos y el fortalecimiento de mafias que trafican con los productos regulados hacia los mercados fronterizos. Un fenómeno que cobró mayor fuerza cuando el modelo económico impuesto por la visión del Socialismo del Siglo XXI incorporó el control de precios en el afán de destruir el libre juego de la oferta y la demanda, y se hicieron cotidianas las adjudicaciones directas. Hoy son constantes las denuncias de que las divisas destinadas a la importación de alimentos terminan en manos de empresas fantasmas propiedad de funcionarios estatales.
La salud también acusa los estragos. El Universal (22.08.14) titula: “El 95% de los centros de salud tienen entre el 2% y el 4% de medicamentos”. Otras fuentes informan que una de las clínicas más costosas y reputadas de Caracas no puede realizar pruebas hematológicas por falta de material de laboratorio. La escasez abarca por igual a los sectores público y privado. “Alrededor de 350.000 venezolanos esperan a que llegue el equipo médico necesario para someterse a intervenciones que tenían programadas” consigna El País, al tiempo que señala “piden declarar una emergencia humanitaria…”.
El régimen dilapidó los ingresos del país con mayores reservas petrolíferas del mundo en una década y media acompañada por los mejores precios del barril de petróleo de la historia. El ejercicio del poder total permitió el financiamiento de costosos lobbies en favor de aliados como Irán, Siria, Corea del Norte, Bolivia, Nicaragua, las FARC, y se donaron fondos para campañas electorales y promoción de liderazgos “albos” a lo largo y ancho de todo el mundo. Hoy el gobierno heredero de Chávez lucha vanamente por convencer al pueblo venezolano sobre la venta de activos en el extranjero como CITGO, o la necesidad de revisar el precio interno de los combustibles “mientras se regalan cientos de miles de barriles diarios a Cuba”.
Durante 2013, en Venezuela se cometieron 24.000 asesinatos. Cuerpos desmembrados y personas ahorcadas se encuentran con alarmante frecuencia en plena vía pública, lo que algunos califican como el “envilecimiento colectivo o sólo una fase avanzada de las penurias cotidianas que padecen los caraqueños”, indicadores de una crisis general cuya milésima parte hubiera causado tumultuosos incidentes como el “caracazo” del año 1998.
Para muchos, salir de tal estado de situación minimizando los costos se ha convertido en una especie de agenda implícita que, concertada o espontáneamente, el oficialismo y la oposición trata de soslayar. Unos, para prolongar la agonía de un régimen cuyos representantes con seguridad subirán a los estrados judiciales a dar cuenta de sus actos, y otros, porque no quieren cargar con las consecuencias de una asonada popular incontrolable. Las elecciones ya no son una alternativa habida cuenta del fraude recurrente, y el único atisbo de legitimidad está en manos de algunos líderes opositores como Leopoldo López o Henrique Capriles.
¿Hasta cuándo logrará la oposición venezolana mantener el régimen a salvo de la reacción popular?