Este 25 de septiembre se cumplirán tres años de la brutal represión a los integrantes de la VIII Marcha Indígena en Chaparina, ejecutada por la Policía Nacional siguiendo órdenes del gobierno evista.En todo este tiempo se ha consolidado un manto de impunidad sobre ese abuso, con procesos limitados a personajes menores o secundarios del operativo, como el viceministro Marcos Farfán y el subcomandante de la Policía, Oscar Muñoz.La investigación no se ha extendido al entonces ministro de gobierno, Sacha Llorenti, ni a las cabezas del gobierno nacional, Evo Morales y Álvaro García Linera, sin cuya participación no habrían podido desarrollarse varias facetas de la operación represiva, como la movilización de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana para “evacuar” (trasladar de manera forzosa) a los indígenas. Se demuestra así una vez más la completa dependencia de la justicia hacia el Órgano Ejecutivo.Entretanto, Morales sigue exportando su discurso seudo-indigenista al exterior como lo hiciera en la reciente Asamblea General de la ONU, precisamente con el concurso de Llorenti, premiado por Chaparina con el cargo de embajador ante el organismo internacional, y con el tontoutilismo de Ban Ki-Moon, quien parece completamente desinformado de la realidad boliviana.Cabe recordar también el trasfondo de Chaparina: el atropello contra la resistencia indígena a la carretera por el TIPNIS, diseñada por el gobierno para expandir los cultivos de coca-para-cocaína del bastión presidencial del Chapare…[email protected]