Cárceles de Bolivia: negocio de drogas y alcohol

ALGUNOS DIRECTORES Y POLICÍAS TIENEN RELACIÓN CON LOS DELEGADOS DE LOS REOS.

CÁRCELES PELIGROSAS NEGOCIO DE DROGAS Y ALCOHOL

imageLa Prensa, La Paz



Cinco cárceles del país han sido denominadas peligrosas y donde el negocio de la droga y el alcohol, junto al control sobre las vidas humanas, son un negocio lucrativo, afirman ex autoridades policiales y directores de régimen penitenciario.

Entre los recintos identificados de alta peligrosidad están San Pedro, Chonchocoro y Patacamaya, éste último de reciente creación, todos de La Paz; El Abra de Cochabamba, donde hace una semana ajusticiaron a cuatro delegados; Morros Blancos de Tarija; Palmasola en Santa Cruz, y la cárcel Modelo de Villa Busch, en Cobija.

Estos siete centros penitenciarios, de 59 que hay en el país, son donde congregan más personas de alta peligrosidad y son éstos los que continúan cometiendo delitos en el interior de las mismas, según los entendidos en temas carcelarios.

Estos negocios han sido institucionalizados por los delegados de los centros de reclusión y «legalizados» por algunos grupos de policías que lucran con el dolor ajeno, afirmó el ex director de régimen penitenciario, Jorge Sueiro, quien durante su gestión tropezó también con las logias carcelarias

En cambio Ramiro Llanos, también ex director, señala que hay poderes internos que controlan el ingreso de droga y alcohol a penales de régimen abierto y de máxima seguridad

La ex autoridad afirmó que hay «tolerancia en los penales de máxima seguridad» para el ingreso de sustancias prohibidas. Agregó que este consumo está relacionado, casi siempre, con la muerte de personas dentro de las cárceles, como lo sucedido en El Abra.

Altos costos. Los beneficios que genera la venta de droga y alcohol son de hasta un 200 por ciento, según indagó La Prensa entre internos de dos centros penitenciarios de La Paz.

Pero lo que más preocupa, no solo a la población carcelaria, sino a los operadores de sistemas de seguridad, es la complicidad que existe por parte de la Policía para con este ingreso de sustancias.

Llanos, consultado sobre estos hechos, dijo que durante su gestión se encontró indicios de algunos policías involucrados en este tráfico de sustancias al interior de la cárcel de San Pedro y Chonchocoro, pero que pese a las investigaciones, jamás se pudo identificar a los uniformados culpables, aunque sí a los reos. Los mismos, que en su mayoría fueron castigados de acuerdo a las normas internas que rigen en cada penal.

Ramiro Llanos declaró que «un sobre con droga dentro de las cárceles cuesta entre 20 y hasta 50 bolivianos, eso es negocio al igual que el alcohol”.

En cambio un litro de alcohol es comercializado entre 50 y 60 bolivianos el litro.

Un efectivo policial que solicitó la reversa en su identidad, refirió que «después de las ocho de la noche sólo quedan los subordinados a cargo de los penales, y se desconoce lo que sucede en el interior de estos recintos donde reina la ley del silencio».

Control sobre las vidas. Otro tipo de hechos que no se pueden pasar por alto, así como no se pueden controlar, según los policías, son la extorsión y las torturas que hay en las cárceles. Los policías refieren que si bien existe una especie de auto regulación entre los uniformados, en las cárceles los que mandan son los delegados. Quienes se apoyan en las normas jurídicas garantistas que hay en el país para continuar delinquiendo dentro de los centros penitenciarios. 

Los consultados coinciden en que antes, estos delegados estaban abocados a la protección y cuidado de los internos, pero ahora los papales se han invertido y son los primeros en extorsionar.

De acuerdo con otro de los informantes de la Policía, antes los reos se conformaban con entregar una celda o cuarto en 500 bolivianos, ahora son una especie de terratenientes que cobran cuotas mensuales a cada uno de los internos. Y quienes no pagan son sometidos a torturas internas. «Lo denunciado en El Abra es momentáneo, quien asuma el control volverá a los pasos del famoso Tancara y los mismos privados de libertad estarán callados hasta que alguien sea borrado de las listas carcelerias».

7000 dólares es la cifra más alta que se maneja en las cárceles de El Abra y Palmasola para garantizar la vida de los reos.

12000 internos, con y sin sentencia, están distribuidos en las 59 cárceles que hay en el país, y carecen de un adecuado control.

Los delegados y no el Estado, tienen el control de las cárceles. Ramiro Llanos, ex director nacional de Régimen Penitenciario, afirmó que el verdadero control en las cárceles del país la realizan los delegados impuestos por la población carcelaria, mientras que la Policía se limita a ser un mero dispositivo de seguridad, en especial en los recintos, donde existen criminales peligrosos con sentencia ejecutoriada.

“Es tal el control de los delegados que la gente llama de miedo, estoy llamando de otro teléfono, están controlando hasta las llamadas, hay un poder absoluto de los delegados en las cárceles, hay bravucones», señaló.

Cárcel modelo. Recordó que El Abra, fue en su momento una cárcel modelo precisamente por el control estricto de los delegados y la ausencia del Estado en la toma de decisiones.

Las cárceles carecen de cámaras de vigilancia adecuadas. El penal de El Abra, San Pedro, Chonchocoro, incluso Palmasola, donde en el primero se registró una balacera con cuatro muertos tras una fiesta, carecen de cámaras de vigilancia y si las tienen están en pésimas condiciones, según revelaron los propios policías de seguridad de un centro pentienciario.

En algunos casos, estas cámaras, “son pura pantalla” y no apoyan en nada a la seguridad y simplemente son utilizadas como símbolos de advertencia de que están siendo vigilados para evitar los motines y en algunos casos el ingreso de alcohol y drogas.

Incluso revelaron que el interior de las cárceles ni siquiera está constantemente resguardado por los policías, porque algunos uniformados salen a las audiencias como custodios de los internos y otros se encuentran en las torres de control. Debido a este descontrol que hay por parte de las autoridades, muchos de los internos aprovechan las circunstancias para huir y, en otros casos, para darse algunos lujos prohibidos.