Juan Antonio Morales
Varios editorialistas y comentaristas han hecho notar la pobreza del debate electoral. Los mismos programas de los partidos políticos parecen más menús de chifa, que ofertas programáticas que tengan alguna consistencia.
Hasta ahora el centro de la campaña electoral ha estado en la telenovela de la grabación al candidato Doria Medina. A pesar de sus limitaciones obvias, ese culebrón ha colocado en primer plano dos problemas importantes: el de la violencia intrafamiliar y el del derecho a la privacidad.
La violencia intrafamiliar y, más generalmente, la violencia como la de los continuos linchamientos, es una seria preocupación y ha sido ampliamente discutida en la prensa. Lo ha sido menos, aunque también es una forma de violencia, la violación de la privacidad. Nadie podrá conversar tranquilamente en este país bajo el temor de que se le esté grabando. En la intimidad se dicen cosas que no necesariamente tienen que ser aireadas en público.
Los temas más de fondo casi no han sido discutidos. Por ejemplo, el tema grande del estado de la democracia. Democracia es más que un ejercicio electoral. Es también, y de manera importante, la vigencia del estado de derecho, del respeto a los derechos humanos, incluyendo a los de las minorías.
La separación de poderes, con un Congreso que no abdique su responsabilidad de fiscalización y con un Poder Judicial independiente es un componente esencial de la democracia.
Las amenazas de un diputado del oficialismo de chicotear a los que no votan por el MAS y sus comentarios despectivos respecto a la edad de los candidatos ilustran, un poco caricaturescamente, el estado de nuestra democracia.
Todos los candidatos han hablado de una reforma del Poder Judicial, pero han sido sumamente parcos en los detalles específicos. La reforma del Poder Judicial es probablemente el desafío más grande para cualquier gobierno, porque se tiene que vencer la tradición legalista de jueces y fiscales, que se fijan más en los aspectos formales que en las cuestiones de fondo. Se da más importancia a los rituales, que a un pensamiento legal, claro y contextualizado. La legislación que criminaliza hasta la más mínima falla administrativa, y a veces sin ella, es parte del problema.
Por defectos de diseño legal, y no solamente por las deficiencias de jueces y fiscales, el público está en juicios que se eternizan, que congestionan a los tribunales y, peor, que hacinan las cárceles. Debía ser un tema de discusión la calidad de la legislación aprobada en los últimos años.
Se podía haber discutido también sobre los problemas de gobernanza, tales como el tamaño y la composición del gasto público, la estructura de los impuestos, excesivamente dependientes de las rentas de los hidrocarburos y de impuestos indirectos, el endeudamiento del sector público y la corrupción.
En la política económica hay también temas de discusión, que no son demasiado técnicos para hablarlos con el público. Entre ellos están la independencia del BCB, la política cambiaria y el limitado alcance de la política monetaria. La política cambiaria de tipo de cambio fijo tiene sus méritos en un país de débil institucionalidad, pero conlleva también grandes riesgos. La política monetaria, por su parte, no tiene mucho espacio para moverse.
Con la propuesta de compartir un 50% de las utilidades en el futuro con las empresas transnacionales para aumentar las inversiones en exploración y las reservas de gas, podía haberse generado una discusión serena, de un tema importante, pero la respuesta del gobierno y del MAS tomó otras vías.
Por el lado de la oposición, el desmonte de los subsidios a los combustibles no debiera ser utilizado políticamente. Debiera prestarse más bien a una discusión amplia y constructiva, con argumentos técnicos y políticos sólidos, pensando en el bien común. Debe quedar claro que esos subsidios, no sólo son costosos para el fisco, sino que conducen al mal uso de un recurso escaso. Son también inequitativos.
Los temas más de fondo casi no han sido discutidos. Por ejemplo, el tema grande del estado de la democracia, que es más que un ejercicio electoral.
Juan Antonio Morales es profesor de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.
Fuente: paginasiete.bo