Cocaleros del Chapare retienen a un fiscal y 34 policías tras la muerte de uno de los suyos

EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA.

Campesinos retienen a 35 personas por muerte de cocalero

EFE y Los Tiempos

Cochabamba.- Unas 35 personas, incluidos una fiscal y policías, están retenidos desde anoche en en el sindicato Tacopaya, en el municipio de Villa Tunari, por campesinos que exigen justicia por la muerte de un cocalero en un incidente confuso con un agente antinarcótico, informó hoy una fuente judicial.



Alrededor de tres centenares de campesinos del sindicato Tacopaya impiden que la fiscal y los agentes salgan del pueblo de Valle Nuevo, situado en el Chapare, dijo a los medios el fiscal Torrico.

«Preocupa este hecho porque entre los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), los funcionarios policiales asignados al caso y la fiscal suman un total de 35 personas que están retenidas«, señaló el funcionario.

Los campesinos quemaron anoche una camioneta policial y decidieron retener a la fiscal y los policías para exigir una sanción para el causante de la muerte de Gualberto Aguilar, un productor de hoja de 22 años que falleció ayer en la mañana tras recibir un disparo durante un incidente con los agentes de Umopar.

El incidente ocurrió cuando un grupo de ebrios atacó a los policías, quienes detuvieron a uno de los agresores.

Otro grupo de pobladores, entre los que se encontraba Aguilar, intentó impedir la detención, persiguiendo el vehículo de Umopar, a lo que un agente respondió con disparos, según la prensa local.

Una bala alcanzó en el abdomen a Aguilar, quien murió cuando era trasladado a un hospital en el pueblo vecino de Villa Tunari.

Según Torrico, los campesinos reclaman que se presente y sancione al responsable de la muerte del cocalero y exigen una indemnización para su familia.

Agregó que se envió al lugar a un perito en balística y a más policías para reforzar a la comisión que investiga el suceso.

Cocaleros de Villa Tunari retienen a un fiscal y policías tras la muerte de uno de los suyos

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Foto de La Voz, Cbba.

OXÍGENO

Cochabamba, 01 de octubre (ABI y Radio Fides).- Pobladores de Villa Nuevo, en el municipio de Villa Tunari de Cochabamba, mantenían el miércoles como rehenes a la fiscal Mariluz Rivero y a 34 policías para obligar a las autoridades a esclarecer la muerte de un joven cocalero que recibió, supuestamente, un disparo de un efectivo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).

«Entre los funcionarios policiales y la fiscal suman un total de 35 personas que están retenidas», informó el fiscal del distrito de Cochabamba, Freddy Torrico, según el reporte de la agencia de noticias del gobierno.

De acuerdo con esa fuente, los comunarios exigen identificar al autor de la muerte de Gualberto Aguilar Ríos, de 22 años, y el pago de una indemnización a su familia.

La bronca surgió luego de que un agente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), en medio de una gresca con cocaleros supuestamente ebrios, baleó a uno de ellos, identificado como Gualberto Aguilar.

Alejandro Flores, dirigente de la Central Tacopaya, a la que pertenece Pueblo Nuevo, en contacto con Radio Fides señaló que los disturbios comenzaron la noche del martes cuando los pobladores quemaron un vehículo de Umopar, en represalia por el asesinato.

La víctima falleció el pasado martes, cerca de las 09h00, con un disparo en el estomago que recibió supuestamente por defender a dos jóvenes que, en estado de ebriedad, agredieron a efectivos de Umopar. Torrico dijo que la fiscal de Villa Tunari, Mariluz Rivero, había iniciado las investigaciones de ese hecho.

Rivero informó vía telefónica a radios locales que un grupo de 150 comunarios la mantiene como rehén junto un grupo de policías.

«Nos estábamos dirigiendo a Villa Tunari para hacer la autopsia de la persona fallecida. Estamos ahora como una especie de rehenes desde ayer (martes), desde las cinco de la tarde, en una senda. Estamos en vehículos a unos 100 metros de los comunarios», relató.

Rivero confirmó que una turba quemó una camioneta de Umopar y que secuestro la supuesta arma homicida.

Los dirigentes de la zona exigen la presencia del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, entre otras autoridades, para mediar en ese conflicto, apuntó.