OBSERVAN EL PAGO DE $US 434 MILLONES QUE HIZO PETROBRAS A LA ESTATAL BOLIVIANA POR EL “GAS RICO”.
Fiscalía de Brasil pide investigar acuerdo con YPFB
Los Tiempos, Bolivia
El director de Gas & Energía de Petrobras, Alcides Santoro (der.), con el ejecutivo de YPFB cuando llegó para firmar el acuerdo para el pago por el “gas rico”, en Santa Cruz, en agosto pasado. Foto ABI.
El Ministerio Público de Brasil y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que es un órgano de fiscalización independiente del Legislativo, pidieron el jueves abrir una auditoría para determinar posibles daños al Tesoro brasileño con el pago de 434 millones de dólares hecho a Bolivia por Petrobras por el suministro de gas a Brasil, según informó la Agencia Estado.
Para la Fiscalía de Brasil es preciso investigar cómo se hizo la negociación, quién la autorizó y cuál fue la fundamentación debido a que no halla fundamentos en el contrato.
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La nota señala que el pago al Estado boliviano, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFP), se hizo en septiembre para “indemnizar” a Bolivia, con carácter retroactivo.
Recordó que el pago por el período 2008-2013 es una antigua reivindicación del presidente Evo Morales comprometida por el expresidente Ignacio Lula Da Silva ya que, en 2007, durante la crisis del gas, Morales pidió a Lula que Petrobras compense a Bolivia con un pago adicional por el “gas rico”, lo que no está previsto en el contrato original firmado en 1996.
El acuerdo fue aprobado en agosto pasado por Petrobras, según la nota de la Agencia Estado, presionada por la necesidad de más gas boliviano para las termoeléctricas y por la baja de los reservorios de las hidroeléctricas.
A mediados de agosto, el director de Gas y Energía de Petrobras, José Alcides Santoro, llegó a Santa Cruz y firmó con el presidente de YPFB, Carlos Villegas, tres acuerdos, uno era el acuerdo para el pago por el “gas rico” y el otro para la provisión de gas a la termoeléctrica de Cuiabá hasta 2016.
Según la nota, algunos expertos afirman que el potencial de los componentes nobles no se aprovechó. Podían ser utilizados en la industria petroquímica, pero para eso Brasil tendría que instalar en el curso del gasoducto Bolivia-Brasil una planta separadora. “En la práctica, todo el producto se quemó en las plantas, casas y automóviles”, afirma la nota, por tanto se habría pagado por algo que no tiene utilidad económica para Brasil.
De acuerdo con el pedido del TCU, firmado por el procurador Julio Marcelo de Oliveira, el pago revela “hechos graves”, pues no pueden hacerse pagos fuera de contrato. “Una negociación de precio puede tener sentido para el futuro, jamás para el pasado”, afirmó.
El pedido de investigación hace notar los numerosos problemas que enfrenta Petrobras “debido a la captura de parte de su negocio por una organización criminal”, lo que hace necesario insistir en todas sus relaciones.
La solicitud fue enviada el pasado jueves al ministro José Jorge, quien determinará si abre o no la auditoría. Petrobras alega que el acuerdo buscaba resolver “de manera mutuamente satisfactoria y definitiva las divergencias” en el contrato con Bolivia, señaló la Agencia Estado.
Según un comunicado de Petrobras, citado en la nota, la negociación buscaba obtener ventajas económicas a corto plazo.
Afirmó que ganó 343,52 millones de dólares con la puesta en marcha de la termoeléctrica de Cuiabá y prevé que, hasta octubre, recuperará todo lo pagado a YPFB.
Para la Fiscalía es necesario investigar cómo fue conducida la negociación, quién la autorizó y bajo qué fundamentos.
También requiere conocer qué estudios viabilizaron la decisión y sus ventajas para Brasil.
“En caso de comprobarse la ilicitud de los hechos, hay que apuntar a los responsables”, señalan la Fiscalía y el TCU.