ONU afirma que la Asamblea Legislativa no tiene diseño para juzgar. Dennis Racicot criticó los procedimientos. El procurador respondió que el proceso contra los tribunos es legal. El abogado de Cusi denunció un intento de ‘transar’ su caso. El titular del TCP, en la mira.
ONU critica proceso contra las magistradas
EL DEBER, Bolivia
El juicio contra las magistradas del TCP en la Cámara de Senadores. – Apg Agencia
Dennis Racicot criticó los procedimientos. El procurador respondió que el proceso contra los tribunos es legal. El abogado de Cusi denunció un intento de ‘transar’ su caso. El titular del TCP está en la mira
Hay una crisis judicial en Bolivia y después de las elecciones presidenciales 2014 todo indica que estallará en el seno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Aunque los líos rodearon a todo el sistema, el juicio de responsabilidades que dirige la mayoría del MAS en el Senado contra los tribunos Ligia Velásquez, Soraide Chánez y Gualberto Cusi es el detonador de la crisis, caso que ayer obligó a pronunciarse a Dennis Racicot, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur).
“Nos parece que hay problemas respecto a las notificaciones y otros aspectos que pueden poner en peligro el principio del debido proceso”, alertó el delegado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para observar los procedimientos aplicados.
Desde La Paz y en una misma rueda de prensa en la que felicitó al Gobierno boliviano por su ingreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Racicot criticó el hecho de que la Asamblea Plurinacional asuma el rol de administración de justicia en materia penal. “Es una situación sumamente delicada porque la Asamblea Legislativa, por definición, no está diseñada para ese motivo”, observó. Manifestó su preocupación porque, para él, este juicio pone “en peligro” el debido proceso.
Héctor Arce, procurador general del Estado, respondió que el procedimiento aplicado contra los tribunos es “constitucional” y se enmarca en la doctrina jurídica inglesa aplicada en varios países. Arce señaló que no es viable que jueces subalternos vean la causa de los tribunos, que son sus superiores jerárquicos y responden al mismo órgano.
Cusi es el siguiente
Pese a las críticas, el proceso avanza a paso firme. Ayer, el presidente del Senado y, para el caso, presidente también del tribunal de sentencia, Eugenio Rojas, manifestó que “no hay sentencias separadas para una misma acusación”, por lo tanto la reciente imputación contra Cusi será adherida a la causa contra Velásquez y Chánez, porque los tres son acusados por suspender la Ley de Notariado. Rojas defiende la legalidad del juicio.
Por su parte, el abogado de Cusi, Jorge Quiroz, denunció que algunos diputados ofrecieron al magistrado que pueda quedarse en el cargo hasta fin de año a cambio de que declare. Quiroz advirtió con querellas.
En marzo, los magistrados del TCP en cuestión determinaron suspender la Ley N.º 483 del Notariado Plurinacional. Luego, la comisión de Justicia Plural de Diputados viabilizó el juicio contra las magistradas, a excepción de Cusi, por baja médica
La ONU observa el proceso contra 2 magistradas del TCP
Juicio. Racicot dice que la Asamblea no puede juzgar casos penales.
La Paz. El delegado de las NNUU, Denis Racicot, en un encuentro del TCP con autoridades indígenas. Miguel Carrasco.
La Razón / La Paz
El delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, observó el juicio de responsabilidades en contra de dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque la Asamblea no puede juzgar casos penales.
El martes, el Senado tenía previsto iniciar el proceso en contra de Ligia Velásquez y Rosario Chánez, magistradas del TCP, pero se vio forzado a postergarlo hasta el 4 de noviembre porque la primera sufrió una descompensación. Ambas enfrentarán el juicio por admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado que dejó sin efecto esa normativa.
“En el momento de juzgar hay que tomar en cuenta que la Asamblea Legislativa no es un tribunal en materia penal porque el ejercicio de esa jurisdicción es, normalmente, de tribunales que tienen esa característica. En este marco, el ejercicio de la acción penal en materia criminal pertenece a tribunales específicos. Eso, por su naturaleza, no es del ámbito de la Asamblea”, declaró Racicot.
Proceso. Explicó que, en su momento, formularon otras observaciones al procedimiento del juicio respecto a temas legales, las que fueron denunciadas por las acusadas y que pueden poner en tela de juicio el principio del debido proceso. Añadió que la causa es un tema delicado y frágil, donde también se debe tomar en cuenta la independencia de los órganos.
“Lo que importa es que cada miembro del Senado actúe con base en su propia conciencia, como si fuera un juez individual, precisamente este aspecto es lo más difícil”, dijo Racicot.
En julio, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados halló indicios de responsabilidad en contra de Chánez y Velásquez respecto a la Ley del Notariado, por lo que imputó a ambas por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes.
Racicot también reclamó que debido a la renuncia a participar del proceso de cuatro senadores opositores, la composición del tribunal deja en una situación en la que los asambleístas que juzgarán a las magistradas son de un mismo partido político. El presidente del TCP, Efrén Choque, manifestó su solidaridad con las magistradas procesadas por la Asamblea Legislativa y remarcó que debe haber un respeto a las leyes en todos los órganos del Estado.
“Tenemos denuncias (contra los magistrados) y entenderán que hay una mala práctica, de una especie de atemorizar al conjunto de autoridades judiciales, porque todo son denuncias por acá y por allá. Siento que en esa medida no se debe entender el manejo de la justicia constitucional”, manifestó Choque, autoridad que admitió que casi todos los magistrados tienen demandas judiciales en su contra por diferentes casos.
El lunes, Chánez informó que la Corte Interamericana de Juristas (CIJ) emitió una resolución que pide a la Asamblea parar el proceso en contra de las autoridades del TCP porque un órgano no puede juzgar a otro. Anunció que tiene previsto agotar todas las instancias nacionales, para luego acudir a organismos internacionales.
Al respecto, el expresidente del TCP Ruddy Flores afirmó que el criterio de la CIJ es normal, pero que en Bolivia no hay ninguna norma que establezca un carácter vinculante del pronunciamiento, ya que no es un organismo internacional, pese a que su apreciación puede ser considerada. Aseguró que todas las actuaciones de los magistrados del TCP son sujetas a responsabilidad y cualquier admisión jurisdiccional o administrativa, que no observe el ordenamiento jurídico, puede generar responsabilidad a todos los magistrados.
Sugiere modificar ley 044
Trabajo
El delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, señaló que a futuro se debe modificar la Ley de Juzgamiento a Altas Autoridades (Ley 044) porque la Asamblea no debe procesar casos penales.