La Comisión de Desarrollo Humano realiza inspecciones sorpresa. En abril, se firmó un convenio entre Sedeges y Fundación La Paz, vigente hasta este mes. La Asamblea Departamental de La Paz recién hace observaciones.
Página Siete / La Paz
La Paz. Personal de la Gobernación inspecciona el taller de costura.
Los asambleístas departamentales de la Comisión de Desarrollo Humano de La Paz investigan el destino de 79 menores de edad que debían recibir el apoyo de la Gobernación en dos centros de atención, administrados por la Fundación La Paz, que actualmente están cerrados.
«Dicen que por falta de financiamiento se cerraron dos centros. No se sabe cómo estarán resolviendo la situación de estos 79 beneficiarios”, dijo el asambleísta Aurelio Alvarado.
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La mañana de ayer, la comisión visitó otros dos centros que sí funcionan y que -junto a los anteriores- debían recibir dos dotaciones de alimentos secos, material escolar para todos los beneficiarios y el apoyo de un educador.
El 4 de abril, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Fundación La Paz firmaron un convenio, con vigencia hasta el 30 de noviembre, para sostener a cuatro centros: San Antonio (38 menores), Escóbar Uría (41) , Villa Armonía (50) y CEDIN II (77). En total 206 beneficiarios.
Sin embargo, el 23 de mayo la Fundación La Paz solicitó al Sedeges modificar «los alcances” del convenio. Por falta de recursos San Antonio y Escóbar Uría debían cerrarse; 79 menores quedaron sin el apoyo.
Esa solicitud fue recibida un mes después, el 27 de junio. El 19 de agosto, el Sedeges concluyó un «informe técnico” que mostraba el acuerdo con la modificación del convenio.
Fue recién a principios de noviembre, según el asambleísta Aurelio Alvarado, que la solicitud de modificar el convenio llegó a la Asamblea Departamental, es decir, el mismo mes en que terminaba el convenio.
Siete meses después de firmado el acuerdo surgieron las preguntas: ¿qué pasó con los 79 niños?, ¿por qué recién llega la adenda al convenio?
Ayer, el responsable del centro CEDIN II, Raúl Peláez, explicó que los 79 niños y niñas deben seguir con sus padres, en sus barrios o comunidades. Que los alimentos secos se distribuyeron en mayo, para cuatro centros, y este mes ya sólo para dos. El resto del apoyo del Sedeges fue sólo para dos centros.
«Esto demuestra la burocracia. Se tardó siete meses, lo que dura el convenio, para que nos llegue la adenda”, dijo Alvarado.
Las inspecciones
Antecedente. Las inspecciones de la Comisión de Desarrollo Humano de la Asamblea Departamental de La Paz se realizan también por lo ocurrido el jueves 13 de noviembre, cuando falleció Alexander Choque, de ocho meses. Se presume que ocurrió después de sufrir una violación. Él se encontraba acogido en el Hogar Virgen de Fátima.
La falta de recursos es uno de los principales problemas en los centros
La falta de recursos en los centros de apoyo para menores de edad es uno de los principales problemas, admitió el responsable del Centro de Desarrollo Integral del Niño (CEDIN II), Raúl Peláez.
En la visita que realizó ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de La Paz al establecimiento, se comprobó la precariedad de las instalaciones y del equipo con el que se cuenta.
Peláez explicó que el presupuesto anual para mantener este lugar, que atiende en total a 101 menores, entre los seis y 18 años, es de 398 mil bolivianos.
El grueso del dinero, unos 267.343 bolivianos, que representan el 67,2%, proviene de financiamiento externo. Los padres de familia, con recursos obtenidos mediante la siembra, la organización de kermeses y la preparación de panes, entre otros, aportan con unos 70.000 bolivianos al año, 17,6%.
No obstante, el Sedeges se encarga del restante 15,2%, que equivale a 60.657 bolivianos, mediante la contratación de un educador, con un sueldo de 1.850 bolivianos, y las raciones de alimentos que, por día y por beneficiario, son de 1,50 bolivianos, además de un solo lote de material escolar.
Fue por la falta de recursos precisamente que se cerraron otros dos centros que debían beneficiar a 79 menores.
Sin embargo, «si eso ocurre con los centros administrados a través de instituciones privadas, como es la Fundación La Paz, hay que ver todavía los centros dependientes directamente del Sedeges. Ahí es está el problema. Porque las instituciones privadas siempre tienen control, supervisan. Pero allá, como es todo del Estado, entonces es como sea”, dijo el asambleísta Aurelio Alvarado.
Después de la muerte del bebé Alexander Choque, cuando la directora del Sedeges, Agustina Quispe, fue interpelada ante la Asamblea Departamental, reiteró que en su administración las cosas se hacían lo mejor que se podía, con la limitada cantidad de recursos de la Gobernación.