Escándalo en España.Está acusada de dos cargos, en el marco del caso Noos. De ser hallada culpable podría recibir una pena de 6 años de prisión. Será juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarin.
Hija de Reyes, hermana del Rey Felipe VI, la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, ha sido acusada (imputada) por cooperación en dos delitos fiscales, la primera vez en la larguísima historia de las monarquías europeas que una princesa real debe comparecer en juicio oral.
Estos delitos tienen un castigo penal de hasta seis años. La Infanta será juzgada por complicidad necesaria junto a su esposo el duque de Palma y estrella olímpica, Iñaki Urdangarin.
El enorme escándalo que suscitó la investigación de estos hechos desde 2010 creció hasta convertirse en uno de los principales motivos que impulsaron la abdicación de Juan Carlos I.
Los tres jueces de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca no apoyaron la decisión del juez instructor, Jorge Castro, que también imputó a Cristina de Borbón y Grecia, (49 años, cuatro hijos) por el delito de blanqueo de capitales que tiene un reproche penal de cinco años y medio en prisión.
Los jueces aceptan la argumentación de la Infanta de que siempre obedeció las instrucciones de su marido y firmó lo que este le ordenaba. Además, nunca se enteró de que se estaban cometiendo delitos. En los sondeos, más del 80% de los españoles no cree esta versión de la hermana del Rey, y entiende que miente y sabía perfectamente lo que sucedía.
Sobre todo porque la trama corrupta creada por Urdangarin junto a su ex profesor y socio, Diego Torres, se apropió de dineros públicos por 6,5 millones de euros gracias a contratos obtenidos con comunidades autónomas por servicios que jamás cumplió o que provenían de sobrefacturación y contratos que jamás salieron a concursos. En todos estos tejes y manejos predominaba el hecho que se trataba del yerno del Rey de España y de la presencia en los folletos de las empresas de la red ilícita de fotografías y textos donde se destacaba la participación de la Infanta.
Estas cuantiosas cantidades de dinero se manejaban desde la empresa Noos y se desviaban fondos considerables a la compañía Aizoon, propiedad de la Infanta y Urdangarin al cincuenta por ciento. Cristina formaba además parte de la Junta Directiva y firmaba, como correspondía, una gran cantidad de documentos.
Pero en un largo interrogatorio el magistrado José Castro, convertido en un héroe popular que luchaba por una justicia sin privilegios, le formuló centenares de preguntas que recibieron como respuestas: «No sé», «No me acuerdo», «Yo firmaba todo lo que decía mi marido».
En los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, los duques de Palma cargaron a su empresa Aizoon toda clase de gastos privados: banquetes, viajes, fiestas de cumpleaños, clases de merengue y salsa, ropa, alimentos y golosinas. También regalos de todo tipo y hasta peajes.
Lo más grave es que también cargaban a la cuenta de Aizoon los gastos del Palacete de Pedralbes, incluidos cuadros, pinturas, alfombras y hasta los salarios del personal a quienes, además, la Infanta advirtió que se les pagaría «en dinero negro» o sea sin declarar a Hacienda. Y la Infanta no se enteraba de nada.
Para el juez, así intentaron los Duques cometer delitos contra Hacienda. Pero, sorprendentemente, esa institución tan rigurosa con los trabajadores y empresarios, le creyó a la Infanta que presentó unos documentos que la eximían de esos pagos. Eran falsos pero Hacienda insistió en su protección antidemocrática y ahora con los tres jueces de alta instancia apoyando que la Infanta cometió dos delitos fiscales ha quedado muy malparada.
«Tendría que dimitir el Director de la Impositiva, el secretario de estado de quien depende y el ministro de Hacienda», concluyó un periodista televisivo.
El juez Castro, un ejemplo de imparcialidad, concluyó en su primera imputación, que fue desestimada por la Audiencia Provincial, que la Infanta debía sentarse en el banquillo porque la empresa «Aizoon», propiedad suya y de su esposo, «sirvió de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando».
Cristina e Iñaki «nunca declararon dividendos por Aizoon que registró importantes beneficios con los que se consumaron reiteradas defraudación a la Hacienda Pública».
Según el togado la Infanta estaba en la trama «lucrándose en su propio beneficio y facilitando los medios para que lo hiciera su marido mediante una colaboración silenciosa».
La Audiencia rechazó la primera imputación pero le señaló el camino para una segunda acusación al señalar en su auto: «La Infanta tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50% del capital social, y por tal motivo podría estar en condiciones de impedir la defraudación a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008».
Hoy al pronunciarse sobre esta la última imputación, la Audiencia Provincial da la razón al juez José Castro y obliga a la Infanta a tener que ocupar el banquillo de los procesados. Este juicio podría realizarse en 2015 o 2016 porque ahora se producirán iniciativas legales para tratar de que Cristina vuelva a salvarse del banquillo.
Fuente: clarin.com