De los absurdos usos del derecho

Arturo Yáñez CortesYANEZEl derecho, entre varios entendimientos, se concibe como uno de los instrumentos que la humanidad dispone para resolver conflictos, asegurar la convivencia humana y, por si fuera poco, intentar construir la paz. El derecho penal, por las graves implicancias que acarrea para los derechos de las personas (puede hasta “asesinar legalmente” usando la pena de muerte), está concebido en las genuinas democracias como un mecanismo de última ratio para proteger los bienes de mayor relevancia de una sociedad: la vida, integridad personal, libertad sexual o la propiedad, entre otros. No cabe entonces usarlo tratándose de nimiedades o de expresiones que si bien pueden disgustar a [email protected] y gustar a [email protected], son imposibles de controlar por ser manifestaciones de la diversidad del ser humano, como son la forma de pensar o de vestir –en suma de ser–, y mientras no causen daño, no le interesan al fiero derecho penal que precisamente pretende prevenir esos daños y una vez producidos, castigarlos, pues el derecho penal así sea usado en modo “maximalista”, no brinda solución a todos los problemas.Por tanto, no es un garrote para golpear –como mono con navaja– a todo el mundo y en toda circunstancia, sino más bien debe usarse como el cirujano usa su bisturí: lo menos posible, con extremo cuidado y sólo en última instancia ante el fracaso de otros medios menos violentos e invasivos, pues si se le va la mano, causará probablemente más daños de los que intentaba evitar.La reflexión viene a propósito de la negativa de una diputada electa de darle la mano al Presidente y especialmente, la reacción de un alto cargo –encargado de la descolonización– para inmediatamente querellarse por delitos vinculados con el racismo y discriminación. A mi juicio, esa reacción revela el estado del arte del derecho penal desde la visión oficialista, que olvidando o ignorando lo que se enseña el primer día de clases del primer curso de derecho o incluso en su propedéutico, distingue entre las leyes (dotadas de universalidad, obligatoriedad y, por tanto, coercitividad) y las simples normas sociales o de urbanidad, que a diferencia de las anteriores, no son universales (pues varían según las diferentes culturas), menos son obligatorias (no están así fijadas en alguna norma) y, por tanto, jamás podrán ser coercitivamente impuestas y ante su omisión, castigar al infractor.Se comparta o no la actitud de la diputada e, incluso, pese a que para muchos sea una descortesía, dista mucho de constituir algún delito como la discriminación, racismo y otros vinculados. Si así fuera, el mismísimo Presidente debiera ser denunciado cuando no le dio la mano a su ex ministro de gobierno caído en desgracia hace unos años atrás y, hace unos días, a su ex aliado alcalde de la sede. Entonces, la pretensión de criminalizar esa conducta es un soberano disparate que no debiera merecer atención de la justicia penal por mucho poder que tenga el afectado y presión que ejerciten sus operadores, siempre tan solícitos a llunkhearse a su jefazo, en inocultable culto a su personalidad. Es más, la Constitución ensangrentada de La Calancha nos franquea a [email protected], en calidad de derechos civiles, los referidos al libre desarrollo de la personalidad, entre los que está el derecho de expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones de manera pública, todo bajo el principio general –también de raigambre constitucional– que lo que no está prohibido, está permitido. No dar la mano o saludar puede ser una descortesía, pero jamás un delito.En todo caso, la justicia penal debiera dedicarse a hechos graves de relevancia para la sociedad, como muchos que actualmente la desbordan y muestran como incapaz, y algunas autoridades, por muchos méritos que quieran hacer con su jefazo, recordar que por muchos esfuerzos que hagan en sentido contrario, la primera condición del ser humano es su libertad. Bien lo dijo Hobbes: “Libertad que la ley me deja hacer cualquier cosa que la ley no me prohíba y de dejar hacer cualquier cosa que la ley no me ordene”.Correo del Sur – Sucre