Ernesto avizora reactivación de juicios por su candidatura a la Gobernación del Beni

También anticipa que además de la postulación del candidato del MAS, se presentaran otras candidaturas que indirectamente apoyarán al Gobierno con el fin de dispersar el voto en el único bastión opositor al régimen de Evo Morales.

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Ernesto Suarez. Foto ANF.



ANF/ La Paz.- Tras confirmar su candidatura a la Gobernación del Beni, Ernesto Suárez avizoró una posible reactivación de juicios y nuevas denuncias en su contra para imposibilitar que llegue a las justas electorales el próximo 29 de marzo, ante ello dijo estar dispuesto a defenderse como lo hizo anteriormente.

Este fin de semana el congreso departamental de los Demócratas nominó como candidato a Gobernador del Beni a Ernesto Suárez, excandidato a la Vicepresidencia, quien cuenta con el apoyo de varias provincias y partidos políticos de oposición.

«Es posible que suceda porque eso dejaría en evidencia cómo se maneja la justicia en el país, o sea el tratar de utilizar la justicia para amedrentar, para perseguir, utilizarla políticamente, pero bueno el Gobierno es el que tiene la última palabra y si lo hacen pues nunca hemos rehuido a defendernos», manifestó Suarez a la ANF.

A partir de su designación como candidato, se inició, dio a conocer, el trabajo en las provincias para elegir a los postulantes a la Asamblea Departamental, considerando que el plazo para la inscripción de las candidaturas fenece el 29 de diciembre, según el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Suárez vaticina que, además de la postulación del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), se presenten otras postulaciones que apoyen al Gobierno con el fin de dispersar el voto, sin embargo cree que esto es parte de la democracia. Finalmente dijo que posiblemente esta semana se reúna la dirigencia de los Demócratas para poder definir las candidaturas a gobernaciones y municipios en los demás departamentos.

PROCESOS CONTRA SUÁREZ

Suárez enfrenta dos procesos en la justicia ordinaria, el primero es una denuncia del Ministerio de Transparencia por los delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica y otros en la realización del referéndum autonómico de 2008. El segundo proceso es por la presunta compra irregular de un motor de energía eléctrica para el pueblo de San Borja.