Juicio a magistrados, una señal de mano dura hacia el Órgano Judicial de Bolivia

El juicio fue el camino que escogió el MAS para deshacerse de ellos. Queda para la historia el reconocimiento de Eugenio Rojas, quien admitió que este es un “juicio político”.

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Velásquez, Chánez y Cusi en el banquillo de los acusados ante el tribunal del Senado/FOTO Senado Nal.



La Paz. (ANF).- A poco más de tres años de haber sido electos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el 16 de octubre de 2011, fueron sometidos a un juicio de responsabilidades por parte del Gobierno ante la Asamblea Legislativa, por haber admitido la inconstitucionalidad de la Ley del Notariado y haberla paralizado.

La primera reacción vino del vicepresidente Álvaro García Linera, el 21 de mayo, cuando calificó la decisión de “inconstitucional e ilegal”. La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, acusó de “ultra petita”, al haberse actuado más allá de lo solicitado.

Los tropiezos, cuestionamientos y observaciones se presentaron día a día, al punto que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, afirmó que el Asamblea “por esencia” no debería tratar un juicio de responsabilidades, ya que su vocación es legislar y no emitir sentencias.

Frente a la ola de críticas, el Gobierno y la Asamblea decidieron modificar la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado con el fin de que el Senado Nacional, en su calidad de Tribunal de Sentencia, sólo sentencie con la destitución de los magistrados y, en caso de una sanción penal, se remita el caso a la justicia ordinaria.

Esos cambios fueron calificados como una “barbaridad jurídica” por el abogado constitucionalista y expresidente de la Cámara Diputados, Luis Vásquez Villamor, quien explicó que la Constitución da potestad al Senado de “juzgar” a magistrados por “delitos”, mas no así por “faltas” administrativas, lo cual requiere una reforma constitucional.

El juicio avanzó hasta obligar a Cusi a dejar la clínica donde estuvo hospitalizado por un mal estomacal severo, acudir en silla de ruedas, asistido por médicos, para asumir defensa y declararse inocente en un juicio que el presidente del Senado, Eugenio Rojas, tipificó como político.

Las observaciones al TCP no vienen de ahora, ya existen antecedentes. A principios de año el TCP declaró inconstitucional la clausura definitiva de negocios que no emitan factura y el Gobierno e Impuestos Nacionales protestó y amenazó un juicio de responsabilidades contra estas autoridades que, finalmente, se ejecutó aunque con otro motivo.