Ven necesidad de reformas profundas a Ley de Partidos de Bolivia

Norma. Analistas y políticos sugieren que se debe abordar el financiamiento y las sanciones al transfugio. El oficialista MAS se resiste en dar recursos a las estructuras políticas y la oposición critica porque son posiciones ventajosas.

Exigen reformas profundas a la Ley de Partidos

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Ref. Fotografia: Ley. Hay posiciones encontradas entre los analistas sobre las sanciones contra los militantes considerados tránsfugas.



A más de 15 años de la ejecución de la Ley de Partidos Políticos, analistas y representantes del oficialismo y la oposición, consideran necesario hacer reformas profundas a la normativa, aunque con perspectivas distintas.

Los pilares básicos del debate se centran en el financiamiento a las estructuras partidarias, el transfugio y el destino del curul, la fiscalización de los recursos y la democracia interna.

Además, proponen fusionar las normativas de partidos y de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, que contemple la fiscalización y sanciones.

Límites al Estado en su fiscalización. El politólogo, Carlos Cordero, dijo que uno de los aspectos centrales en la reforma a la Ley de Partidos Políticos, es poner más límites al Estado en su capacidad de fiscalización a los grupos políticos. “Esta es una norma intervencionista y nadie le pone el dedo en la llaga,  porque las agrupaciones políticas no reciben financiamiento estatal, pero tienen que rendirles cuentas de sus recursos sobre la inversión y gastos en las campañas electorales”, afirmó Cordero. Aclaró que para que el aparato estatal tenga la facultad de fiscalizar a los partidos deben subvencionarlos, para que puedan realizar actividades como el fortalecimiento democrático y la formación de nuevos liderazgos.

Respecto al transfugio político, considera que no se debe penalizar, porque son delitos que nunca se sancionan, por ser subjetivos, ya que la norma establece que el cambio de una estructura partidaria es prebendal, pero no se lo puede demostrar .

Cambiar desde el nombre de la norma. Para el cientista político Marcelo Silva, los cambios deben comenzar con el nombre de la normativa nacional.

Manifestó que se debe llamar Ley de Representación Política, donde se englobe a agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas originarios y partidos políticos. Dijo que hay que recuperar el financiamiento partidario, porque ayudaría a transparentar el manejo de los recursos, con el fin de superar los desequilibrios observados en las últimas elecciones nacionales. “Algunos derrocharon recursos en sus campañas, mientras que los adversarios se las ingeniaron con proselitismo artesanal”. Referente al curul en caso de transfugio, Silva dijo que deberá seguir perteneciendo al partido, ya que es el mecanismo por el cual ha sido elegido ese representante político.

Promover liderazgo democrático. Según Luis Andia, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), se debe habilitar mecanismo para promover liderazgo democrático al interior de las estructuras partidarias.

“Es decir, elecciones internas que no se han cumplido en casi ningún partido en Bolivia, además de la forma de la definición de candidaturas, ya que la norma estable que se los debe elegir en asamblea o por votación universal de los militantes”, manifestó.

Financiar recursos y sancionar transfugio. Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Rafael López, sugirió que se debe de hacer cumplir el financiamiento estatal a los frentes partidarios del país. El legislador también dijo que la Ley de Partidos debe hacer respetar a la estructura partidaria y quitar su curul a la autoridad que haya cometido transfugio político. Enfatizó que el TSE debe estar presente en los procesos electorales internos de los partidos.

Subvención nunca más. Mientras que el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Darwin Choquerive, dijo que su partido mantiene su línea, por lo que la subvención a las campañas electorales de los frentes partidarios nunca más las hará el Estado.  “Debe salir de la misma militancia o simpatizantes del partido”, afirmó. Sobre el transfugio, Choquerive manifestó que las autoridades deben ser ejemplo, por lo tanto, debería haber una regulación estricta de la norma, esto por respeto a sus votantes.

«La Ley es intervencionista y nadie pone el dedo en la llaga, porque los partidos políticos no reciben financiamiento estatal, pero tienen que rendir cuentas de sus recursos».

Carlos Cordero

Analista Político

«Hay que recuperar el financiamiento partidario, porque ayudaría a transparentar el manejo de  recursos, con el fin de superar los desequilibrios en las elecciones».

Marcelo Silva

Analista Político

«Se debe habilitar mecanismos para promover liderazgo al interior de las estructuras partidarias,   ya que las elecciones internas no se hacen en casi ningún partido».

Luis Andia

Vicedecano de la carrera de derecho de la UAGRM

«Mantenemos la línea de oponernos al financiamiento de los partidos,  nunca más deben ser subvencionados por el Estado, los recursos deben salir de la misma militancia».

Darwin Choquerive

Diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS)

«Se debe cumplir la ley sobre el financiamiento a los partidos, por ello se debe autorizar a que organismos internacionales sigan financiando a las estructuras partidarias».

Rafael López

Diputado de Convergencia Nacional (CN)

Normativa

Infracciones y sanciones a la militancia

Ley de partidos. Artículo 65. (Infracciones).

a) La militancia simultánea en dos o más partidos políticos.

b) La no comunicación de su renuncia al partido político que pertenece y a la Corte Electoral de su Distrito.

c) Toda forma de coacción para lograr la afiliación de ciudadanos al partido político alianza.

d) La utilización de instalaciones o bienes del Estado con fines proselitistas.

Artículo 66. (Sanciones).

a) En el caso del inciso a) del artículo anterior, con la inhabilitación de su militancia política por dos años.

b) En caso de los incisos b), c) y d) del artículo anterior, con la inhabilitación de su militancia por un año.

Ley de partidos

Financiamiento derogado por el Gobierno

Si bien el financiamiento de los partidos políticos fue derogado por el Congreso Nacional el 2008, la Ley de Partidos Políticos lo toma en cuenta en el siguiente articulado:

Artículo 52. (Financiamiento estatal). Se establece el financiamiento estatal para los partidos políticos, previos los siguientes requisitos:

I. Tener personalidad jurídica y estar inscrito en la Corte Nacional Electoral.

II. Haber obtenido en las últimas elecciones generales o municipales, según corresponda, un mínimo del tres por ciento del total de votos válidos a nivel nacional.

III. Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

IV. Presentar solicitud escrita a la Corte Nacional Electoral, para dejar constancia de la nómina de dirigentes responsables de la administración del patrimonio, de acuerdo con los estatutos partidarios.

V. En los años no electorales, presentar un plan anual de actividades destinado a dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 57 de la presente ley.

Punto de vista

Jorge Lazarte

Analista Político

«Las agrupaciones ciudadanas destruyeron a los partidos políticos’

«Con la aparición de la Ley de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas Originario Campesino, se destruyó la conformación de los partidos políticos.

La normativa de las agrupaciones acrecentó la crisis partidaria, ya que a través de la Ley en cuestión, reemplazó a la estructura partidaria, promoviendo la institucionalización de un profundo antipartido en el Estado boliviano.

Esto a raíz de la animadversión de la población a los partidos políticos, encontró su cobertura legal con la aprobación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, como estructuras sustitutivas a los frentes partidarios.

Actualmente Bolivia carece de partidos políticos, en el sentido moderno de la palabra y los que tienen el nombre de estructura partidaria con reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no son tales y no han tenido la capacidad de recomponerse en materia legal.

Cabe resaltar, que es imposible hacer política democrática sin la presencia de los partidos políticos.

Ya que las agrupaciones ciudadanas alimentan la proliferación de grupos departamentales o locales, que son mucho menos de los que fueron los partidos en el pasado, que se conforman alrededor de grupos de amigos, clanes, o familiares, que son parte de la crisis política en Bolivia.

Además, estas agrupaciones ciudadanas aparecen y desaparecen sin que nadie los controle, por eso el problema de fondo es el cuestionamiento a la existencia de estos grupos en el territorio nacional».