HAY MÁS PROBLEMAS EN JUSTICIA.
Denuncian que en Bolivia violan DDHH
Los Tiempos, Cochabamba
El Palacio de Justicia en Sucre. Foto Agencias
Las amenazas a la independencia judicial y la impunidad de los delitos violentos y violaciones de derechos humanos “siguen siendo los problemas serios en Bolivia”, según el Informe Mundial 2015 difundido ayer por Human Rights Watch, organización mundial que examina prácticas de derechos humanos.
Cuestiona en Bolivia el uso arbitrario de la prisión preventiva y las demoras en los juicios.
Human Rights Watc (HRW) en su reporte 2015 a nivel global ve pocos progresos en el respeto de los derechos humanos y aumentan cada vez más los países que postergan estos derechos, “ante supuestas o reales amenazas a su seguridad”.
En su reporte con relación a Bolivia, advierte que el Gobierno del presidente Evo Morales “continuó acosando a defensores de derechos humanos y periodistas críticos durante 2014, y no respetó plenamente el derecho de los grupos indígenas a su consentimiento libre, previo e informado”.
Además, señala que la violencia contra mujeres y el trabajo infantil continúan siendo graves preocupaciones.
Independencia judicial
HRW señala en su reporte que durante años, la corrupción, las demoras y la interferencia política han caracterizado al sistema judicial boliviano, situación que no mejoró pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 previó elecciones judiciales con el fin de reformar los altos tribunales de Bolivia, pero la Asamblea Legislativa Plurinacional seleccionó a los candidatos a través de un proceso que careció de transparencia y no consideró adecuadamente sus aptitudes.
Además, menciona el proceso de destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, iniciado en julio de 2014, por la Asamblea Legislativa, conforme a una ley de 2010 que habilita a la legislatura a destituir jueces y aplicarles sanciones penales, “lo cual socava la independencia judicial”. Los tres magistrados, hasta noviembre del año pasado, se encontraban suspendidos de sus funciones.
Impunidad de abusos y delitos
El reporte también enfatiza que Bolivia logró escasos avances en el juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, y no ha resarcido adecuadamente a las víctimas de violencia política.
“Una de las causas ha sido la negativa de las Fuerzas Armadas a brindar información sobre el destino de personas asesinadas o desaparecidas durante ese período. La propuesta de crear una comisión de la verdad -integrada por siete miembros, incluidos cuatro designados por el Gobierno- que investigue estos delitos se encontraba pendiente en la Asamblea Legislativa a la fecha de preparación de este informe”, señala.
En otro punto, detalla que los esfuerzos para juzgar a los presuntos responsables de muertes ocurridas en 2008 durante enfrentamientos violentos entre defensores y detractores del presidente Morales han logrado avances escasos.
En septiembre de 2014, un tribunal de La Paz aún estaba examinando la prueba en un caso vinculado con Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, y cinco funcionarios locales, acusados en 2008 por su rol en el asesinato de 13 personas.
“La ineficacia fiscal ha socavado el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho de los acusados al debido proceso”, enfatiza.
El Gobierno, por otra parte señala, no ha reabierto la investigación sobre el asesinato de dos ciudadanos húngaros y un irlandés en abril de 2009, a quienes el Gobierno señaló como mercenarios involucrados en una conspiración separatista.
“Fueron abatidos y asesinados por la Policía, luego de que ésta irrumpiera a la fuerza en sus habitaciones de un hotel en Santa Cruz. Informes creíbles sugieren que al menos dos de los tres hombres habrían sido ejecutados extrajudicialmente”, dice.
Agrega que en octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que el ciudadano croata-boliviano implicado en el caso había sido detenido arbitrariamente, y pidió a Bolivia que ordene su inmediata libertad.
Dan de baja a líder policial
La Paz | Anf
El Comando General de la Policía Boliviana determinó dar de baja al sargento Javier Quispe, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), por presuntas faltas disciplinarias.
Quispe lamentó la determinación del Tribunal Disciplinario de la Policía y calificó de injustos los dos procesos que le siguieron por presuntamente no respetar a la superioridad y el conducto regular, la paralización de actividades de la Policía, realizar huelgas, difamar a la institución a través de los medios de comunicación y otras faltas.
“Cuando uno quiere que su Policía se fortalezca, exige los derechos y garantías de los policías, sufre este tipo procesos ‘express’, construidos, inventados para acallar”, manifestó el dirigente de los policías de baja graduación.
Dijo que fue notificado con dos bajas, el martes y miércoles, y anticipó que apelará ambas decisiones y no descartó asumir medidas de protesta para revertir su alejamiento de la entidad policial.
Quispe lideró el pasado año las protestas de los suboficiales, sargentos y clases de la Policía en el país, en demanda de mejoras salariales.
Chaparina y linchamientos
El reporte anual del organismo no gubernamental de Derechos Humanos (HRW) por otra parte, denuncia que el Gobierno de Bolivia aún no ha investigado exhaustivamente el uso excesivo de la fuerza empleado por la Policía en 2011, en Chaparina, para dispersar una manifestación pacífica contra la propuesta de construir una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis). “Miembros de la Policía amordazaron y golpearon a los manifestantes y los despojaron de sus ropas, según la Defensoría del Pueblo”.
También advierte que la falta de acceso a la justicia ha causado linchamientos contra ciudadanos y policías creídos responsables de delitos. Diez personas habrían muerto en linchamientos en 2013, y al menos otras once en 2014. “La impunidad de los linchamientos continúa siendo la regla”, añade.
Las violaciones de derechos humanos contra soldados siguen siendo un problema, señala el informe. En mayo, un soldado que lideró una manifestación que exigía mejores condiciones laborales para oficiales de bajo rango fue acusado de sedición y rebelión. En julio, cinco soldados fueron presuntamente desnudados, golpeados y sometidos a descargas eléctricas por sus superiores debido a que se perdió un fusil.