VÍCTIMAS DE DICTADURAS, INDÍGENAS, MUJERES, PRESOS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
Amnistía Internacional denuncia trato injusto en Bolivia a varios sectores
Los Tiempos digital
Marcha de víctimas y familiares de víctimas de las dictaduras en La Paz, en 2014. – Apg Agencia
Londres | EFE.- Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que durante el pasado año continuó negándose en Bolivia “la justicia, la verdad y una reparación plena” a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos (DDHH) cometidas durante los gobiernos militares (1964-1982).
El informe de AI califica de “injusto” el proceso de reparación a las personas que sufrieron violaciones a sus DDHH que concluyó en 2012 y del que “se benefició a poco más de una cuarta parte de los solicitantes”.
La Organización No Gubernamental critica también que siguió sin respetarse el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y a un consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que les afectan.
Tampoco se garantizó “el acceso igualitario a los derechos sexuales y reproductivos”, señala el texto, que documenta la situación de los derechos humanos durante 2014 y recoge algunos acontecimientos importantes de 2013.
El documento recoge un estudio de la Organización Panamericana de la Salud de 2014, en el que Bolivia presentaba la tasa más elevada de violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas y la segunda más alta de violencia sexual en la región.
“Aunque en febrero pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que el requisito de autorización judicial para acceder al aborto era inconstitucional, la aplicación de esta decisión seguía pendiente”, recuerda AI.
AI se hace eco de la recomendación realizada en 2013 por la ONU a Bolivia para que eliminara sus exigencias a las ONG porque restringían la capacidad de estas organizaciones para trabajar con libertad.
En este sentido, denuncia que en marzo pasado la ONG danesa “IBIS Dinamarca” canceló la mayoría de sus proyectos en el país después de que, en diciembre de 2013, el Gobierno anunciara su expulsión, alegando que interfería en temas políticos y creaba divisiones en el seno del movimiento indígena.
El informe señala que persiste la preocupación por la falta de seguridad y las precarias condiciones en los centros penitenciarios.
“Tanto las demoras para concluir juicios en un plazo razonable como la práctica excesiva de la prisión preventiva y el uso limitado de alternativas a la detención”, contribuyeron al hacinamiento en las prisiones, indicó.