Carlos Federico Valverde Bravo
Está claro que nadie puede asumir la comisión de un delito sin que haya pruebas que demuestren tal cosa; sin embargo, eso está ocurriendo con esta utilización tan irregular y arbitraria del “procedimiento judicial abreviado”, el que me permito catalogar con el nombre del título.El Gobierno siempre estuvo en problemas con el caso al que se llamó Terrorismo; estaba claro que jamás el Ministerio Público y los abogados que se fueron sucediendo, iban a poder demostrar que el mismo era cierto; a ello se sumó el descrédito de las extorsiones que los ex fiscales Soza y Suaznábar, y Subirana y Clavijo efectuaron a muchas personas a las que trataron de involucrar o involucraron, hayan pagado o no, los montos exigidos; se suma a ello la manipulación de pruebas y, el ocultamiento de otras, como la relación entre Rozsa y Raúl García Linera, el Capitán Andrade y la Policía Marilyn, entre tantas otras.Sin embargo de ello, el Poder siempre tuvo en sartén por el mango; mantener detenidos o con arresto domiciliario a una treintena de personas y perseguidos a muchos otros, le daba una ventaja cualitativa que, con el tiempo encontró una salida “legal”: la sentencia mínima posible por la vía de la autoacusación o aceptación de haber cometido delito o la intención de hacerlo en Procedimiento abreviado. Lograr que los detenidos se inculpen le da al Gobierno un oxígeno político internacional cuando hay abierta una investigación en la Haya y, además, se mantienen violados los Derechos Humanos y Constitucionales de personas que llevan detenidas y sin sentencia prácticamente 6 años.Parece que ya no importa sentenciar “ejemplarizadoramente a los enemigos de la patria”; parece que ahora lo que sirve es justificar la matanza en el Hotel Las Américas y la serie de violaciones a los derechos de los detenidos, para ello se manipula al máximo el Procedimiento Abreviado, al punto tal que se lo convierte en una nueva forma de extorsión: el detenido se autoinculpa por un delito menor y sale inmediatamente o cumple una sentencia mínima, considerando su tiempo de detención y el Gobierno logra su objetivo: prueba que su invento y su propia confabulación “siempre fueron ciertos”, claro, se dirá que los “verdaderos cerebros” siempre estuvieron afuera, huidos.Por otra parte, políticamente, va a servir para mantener a líderes sectoriales y cabezas de instituciones cruceñas, doblegados y callados; ese es un extra que finalmente “redondea el negocio” de mantener a Santa Cruz y su clase dirigente al margen de todo.A ver hasta cuándo.El Deber – Santa Cruz