Un dirigente admite que se aprobaron planes sin revisarlos.
Sectores aprobaron proyectos y ellos mismos debían fiscalizarse
Las organizaciones sociales tenían a su cargo las unidades de Aprobación de Proyectos, Monitoreo y Evaluación de Avance de Proyectos y de Cierre de los proyectos.
Página Siete / La Paz, Bolivia
Las organizaciones sociales que forman parte del directorio del Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) aprobaban los proyectos, y ellas mismas hacían el seguimiento y evaluación de los programas financiados con recursos de esa institución.
Éste era el procedimiento que seguían todos los proyectos financiados por el Fondo Indígena, según documentación a la que accedió este matutino.
Un organigrama del funcionamiento de esa entidad, intervenida recientemente tras las denuncias de corrupción -correspondiente al año 2012- da cuenta que la Unidad de Aprobación Previa de Proyectos estaba a cargo de representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Mujeres Indígena Originaria Campesinas Bartolina Sisa (CMIOCBS) y de organizaciones de tierras bajas como la CIDOB o APG.
Estos mismos sectores sociales, afines al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS), integraban la Unidad de Monitoreo y Evaluación de Avance de Proyectos, estaban a cargo de la recepción y cierre de proyectos. Es decir, las organizaciones estaban a cargo de la Dirección de Proyectos (ver infografía).
Estas agrupaciones también tenían el control de la Dirección Técnica del Fondo Indígena y dirigían la Unidad de Capacitación en Elaboración de Proyectos, la Unidad de Ajuste de Proyectos y la Unidad de Acompañamiento en la Ejecución de Proyectos.
En estas unidades, según el organigrama, trabajaban profesionales de diferentes áreas como agronomía, derecho, ingeniería civil, auditoría, economía, veterinaria, zootecnia y otras.
El ejecutivo de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, afirmó ayer en declaraciones a la red ERBOL que los sectores que formaban parte del directorio del Fondo aprobaban los proyectos sin revisar si estaban bien elaborados. Sólo se limitaban a certificar que provenían de sus afiliados.
Explicó que en el caso de los campesinos, los proyectos se originan en pedidos de las comunidades. Esa iniciativa se avala en las unidades provinciales y departamentales de la organización. Luego, la confederación certifica a esa comunidad como su afiliada ante el directorio del Fondo Indígena, conformado por ocho organizaciones sociales: CSUTCB, CSCIB, CMIOCBS, Conamaq, CIDOB, APG, CPEM-B y CPESC. Las cuatro últimas son organizaciones de tierras bajas.
Machaca, según la red ERBOL, sostuvo que los técnicos del Fondo Indígena son los encargados de revisar si están bien hechos los proyectos. «Según la lista, se aprueba el proyecto. Pero si los proyectos están bien hechos o mal hechos, eso pasa por el equipo técnico del Fondo Indígena. El directorio simplemente se reúne, analiza las listas, si es de sus afiliados, cruza información con el pacto de unidad, y se aprueba”, indicó.
Hace dos semanas, la Contraloría General evidenció un daño económico de 71 millones de bolivianos en el Fondo Indígena que recibe recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), e investiga otros 269 supuestos proyectos «fantasma” que tienen un costo de 206,6 millones de bolivianos.
En estas irregularidades se vieron involucrados dirigentes de las organizaciones sociales, senadores, una candidata del MAS en La Paz y una embajadora, pues en algunos casos figuran como representantes legales o beneficiarios de los proyectos inconclusos o «fantasmas”.