Con los ajustes se incluirá al ministerio de Economía y Finanzas en la discusión del pacto fiscal de Bolivia.
Gobierno entregará al Legislativo proyecto de reforma de Ley 031
La Razón / La Paz
Avance del proceso autonómico en el país.
Tras los feriados de Carnaval, el Ministerio de Autonomías entregará a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto para modificar la Ley 031 con el fin de incluir a la cartera de Economía y Finanzas en el debate del pacto fiscal que comenzó el Consejo Nacional de Autonomías (CNA).
La propuesta gubernamental también apunta a aumentar las reuniones del CNA a más de dos por año —como establece la norma actual— para darle mayor celeridad al proceso.
“Hemos tomado contacto con los presidentes de ambas cámaras de la Asamblea. Vamos a oficializar esta semana un proyecto de (reforma) de la Ley Marco de Autonomías (o Ley 031) para incorporar las dos observaciones que ha hecho el presidente Evo Morales”, informó ayer el ministro Hugo Siles en el programa El Pueblo es Noticia que difunde la red de radios y la televisión públicas.
El 11 de febrero, durante de la instalación del Consejo, que reunió a 24 autoridades de los tres niveles de gobierno, el Jefe del Estado lanzó la iniciativa. “Tenemos que modificar la Ley de Autonomías y tiene que estar acá el Ministro de Economía”, urgió, y de inmediato, una comisión de la cartera dirigida por Siles elaboró el proyecto.
La ley marco establece que el Presidente del Estado dirige el CNA, que es una entidad consultiva.
En el Consejo también participan los ministros de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Autonomías; los gobernadores de los nueve departamentos, cinco representantes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), igual cantidad de las autonomías indígenas y uno de la autonomía regional del Chaco.
Luis Arce, titular de la cartera de Economía y Finanzas Públicas, participará en las dos últimas fases de las cinco que tiene el proceso de discusión. La cuarta, donde el CNA discutirá sobre las inversiones y mecanismos de administración eficientes, y en la quinta, referida al debate de la asignación de recursos públicos.
Tensión. Santa Cruz y Beni —cuyas gobernaciones son opositoras al Gobierno central— responsabilizan al Ejecutivo de la demora en la discusión del pacto fiscal y de la cristalización del proceso autonómico, mientras que el Órgano Ejecutivo denuncia su baja ejecución presupuestaria.
“Vamos a hacer una revisión de cómo están las autoridades territoriales autónomas en materia de inversión y gasto”, precisó Siles. La autoridad cuestionó la eficiencia de los gobiernos subnacionales. “¿Por qué Bs 14.000 millones se dejan en saldos de caja y bancos?”, inquirió.
De acuerdo con la propuesta técnica gubernamental, el pacto fiscal debería ser comprendido como un “proceso de concertación” entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, “con participación social de las ciudadanas y los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos”, tomando en cuenta la asignación de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE). La cartera de Economía y Finanzas Públicas participó en la elaboración de este planteamiento.
Distribución de recursos
Situación
Actualmente el Ejecutivo administra el 88% de los recursos públicos y el 12% restante es distribuido entre las gobernaciones, municipios y universidades públicas. Beni y Santa Cruz piden una distribución más equitativa.
El proceso autonómico tiene un ‘gran avance’
De “gran avance” calificó el ministro de Autonomías, Hugo Siles, el proceso autonómico, que impulsa la descentralización del Estado y en el que Bolivia se halla empeñado desde 2009, cuando entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado.
“Hay un avance sustancial en el proceso autonómico. Yo incluso lo califiqué de extraordinario”, indicó la autoridad en una entrevista concedida al programa El Pueblo es Noticia de la red estatal de radioemisoras y de televisión.
Siles detalló que de los 339 municipalidades, 290 iniciaron la elaboración de sus cartas orgánicas.
En el ámbito departamental, destacó la labor de La Paz, Oruro y Potosí, que culminaron sus procesos y están a la espera de una fecha para validar sus estatutos en referéndums, tal como hizo Pando en 2012, el único donde está en vigencia ese régimen legal.
El titular de Autonomías también lamentó el retraso de Santa Cruz y Beni, cuyas asambleas legislativas departamentales solo deben adecuar esos documentos a la Constitución para recibir la aprobación del Tribunal Constitucional Plurinacional sin necesidad de llamar a plebiscitos. Cochabamba y Chuquisaca esperan concluir el control constitucional.