Ministerio Público destituye al fiscal Humberto Quispe

El anuncio lo hizo en la capital del país el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero. Quispe está acusado por delitos de robo, extorsión y uso indebido de influencias.

La Razón Digital  / Sucre

Tras la avalancha de denuncias de corrupción presentadas en los últimos días contra el fiscal Humberto Quispe Poma, la Fiscalía General del Estado anunció esta mañana su destitución para que asuma su defensa “desde el llano”.

El anuncio lo hizo en Sucre el fiscal general, Ramiro Guerrero, durante una conferencia de prensa convocada para tratar éste asunto.



La autoridad explicó que se decidió tomar esta decisión para precautelar la imagen del Ministerio Público y ayudar a que se esclarezcan las denuncias contra Quispe, quien fue acusado por delitos de robo, extorción y uso indebido de influencias.

Sobre Quispe pesan denuncias desde 2011 y en los últimos días una veintena de ciudadanos que se declaran víctimas de sus actuaciones irregulares conformaron una asociación para impulsar los procesos contra la ahora exautoridad judicial.

Entre las acusaciones contra Quispe ( al menos una decena) se encuentra la denuncia de un ciudadano que asegura que éste le robó de su empresa 300 mil bolivianos y 200 mil dólares, además de un vehículo.

Fiscalía General del Estado destituye a fiscal Humberto Quispe Poma

Guerrero dice que ahora el exfiscal “tiene que defenderse en el llano”, pues todos los procesos judiciales en su contra continuarán. La Asociación de Víctimas del fiscal Humberto Quispe pide cárcel para el destituido.

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El Fiscal Humberto Quispe

Página Siete Digital / La Paz

La Fiscalía General del Estado destituyó hoy al fiscal Humberto Quispe Poma por presuntos hechos de corrupción, exacciones múltiples, robos y otros hechos delictivos cometidos en cumplimiento de sus funciones, en los últimos años.

El fiscal general Ramiro Guerrero informó, en declaraciones a medios de comunicación, que Quispe Poma no solo fue echado sino que continuarán todos los procesos judiciales iniciados en su contra y también los procesos de las múltiples víctimas.

Guerrero explicó que la decisión fue tomada porque los hechos protagonizados por Quispe Poma «hacen quedar mal la imagen del Ministerio Público”, dijo a radio Panamericana.

Ahora, dijo Guerrero, «Quispe Mamani tiene que defenderse en el llano”, refiriéndose a las múltiples denuncias de abuso de autoridad de las múltiples víctimas.

Asociación de Víctimas

La Asociación de Víctimas del fiscal Humberto Quispe protestó el lunes en las puertas del Ministerio Público de La Paz para exigir un alto a los «abusos” de la mencionada autoridad y que en vez de destinarlo a Pucarani lo envíen a la cárcel de Chonchocoro.

«Basta de abusos de poder por Humberto Quispe. Asignado a Pucarani, pedimos reasignación a la cárcel de Chonchocoro”, escribieron en los carteles con los que se manifestaron a la espera de una reunión con la fiscal departamental Patricia Santos.

Entre las supuestas víctimas se encontraba José Luis Cuenca, quien denunció que el fiscal Quispe lo acusó de un autorrobo, le decomisó varios objetos de valor y lo torturó para que confesara que él mismo planificó el robo a su vivienda en Irpavi.

Gloria Carrasco dijo que después de que denunció a una «red de delincuentes” el fiscal Quispe intentó incriminarla en los delitos y cometió varios abusos en su contra. También estuvo el orfebre Mario Gutiérrez, quien reclama desde hace meses se le regrese 80.000 dólares en joyas y dinero que Quispe ordenó se le confiscara de forma irregular.

Al final no hubo tal reunión con la fiscal Santos y las «víctimas” se marcharon aún más molestas. Carmiña Luna, una de ellas, dijo que firmaron un documento entre todos y lo dejaron en la secretaría para que el viernes pueda concretarse la audiencia, en la que discutirán el nuevo destino de Quispe.

El 28 de enero el fiscal denunciado dijo que solicitó su traslado a Pucarani para cumplir su servicio en provincia; aunque después Santos lo desmintió al asegurar que fue ella quien tomó la decisión para «mejorar el servicio a la población”.

La asociación de víctimas fue conformada en noviembre del año pasado para, en conjunto, defenderse de «los abusos” cometidos por el funcionario.

Quispe manifestó anteriormente que detrás de esta asociación está el abogado Víctor Vargas. «Yo lo procesé por falsificación en su título de abogado y él buscó revancha. Él financia todo esto”, dijo el fiscal y aseguró que el jamás incurrió en corrupción. Vargas respondió que él no financia nada, y que las víctimas se agruparon en su «peregrinación” en busca de justicia.