Belaunde Lossio señaló, sobre la negación de su refugio, que «es una decisión autónoma del Gobierno boliviano que yo acato», pero agregó: «eso no quiere decir que pueda dejar de pensar que lo que hay en el Perú para mí es una persecución».
La Razón Digital / EFE / Lima
El prófugo peruano contempla esta opción o la alternativa de buscar asilo en un tercer país tras el segundo y definitivo rechazo del Conare esta semana.
El prófugo empresario peruano Martín Belaunde Lossio, bajo prisión domiciliaria en Bolivia, declaró hoy que usará las herramientas legales para evaluar si puede buscar refugio en otro país o regularizar su situación migratoria en Bolivia, tras la negación del refugio pedido en ese país.
En entrevista con el programa dominical «Sin peros en la lengua», Belaunde Lossio dijo no cuestionar la decisión de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia porque «desde que llegué aquí decidí acatar lo que decida el Gobierno boliviano, y en ese proceso estoy».
El exasesor de campaña del presidente peruano, Ollanta Humala, agregó que «obviamente, usaremos las herramientas legales para ver qué decisiones tomamos respecto a la negación del refugio, si se puede buscar otro país o ver de regularizar la situación migratoria, pero ese es un tema que corresponde a nuestra estrategia legal».
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Belaunde Lossio señaló, sobre la negación de su refugio, que «es una decisión autónoma del Gobierno boliviano que yo acato», pero agregó: «eso no quiere decir que pueda dejar de pensar que lo que hay en el Perú para mí es una persecusión».
«Si no quiere que sea política, es judicial, mediática, (la persecusión) viene de todos los frentes, porque no es posible que me quieran meter preso porque alguien dice que hiciste algo que no hiciste y que el tipo no tiene cómo probar lo que hiciste».
El prófugo señaló que salió de Perú porque se sentía perseguido, y que no tuvo «contacto político con nadie» en Bolivia antes de solicitar el refugio.
Belaunde Lossio dijo que las declaraciones del mandatario peruano, de que hará todos los esfuerzos para que sea detenido y llevado a Perú, son «una clarísima muestra más de la persecusión política» en su contra, además de las reuniones de ministros y otras autoridades del Poder Judicial para ver su caso.
«No me quiero someter a un proceso en el que estoy sentenciado desde hace tiempo», afirmó Belaunde Lossio en comunicación desde La Paz.
El empresario negó que haya cometido algún delito desde su labor en La Centralita, una empresa creada para promover la imagen del hoy procesado expresidente regional de Ancash, César Álvarez, así como en las concesiones que obtuvo la empresa Antalsis.
«Si alguien consigue una prueba real de que se cometió un delito en La Centralita, yo me voy a Perú de inmediato», afirmó Belaunde Lossio.
El exasesor de campaña afirmó que se ha violado el debido proceso en diversas oportunidades y que no existe seguridad jurídica para que pueda regresar a Perú, pues la gran mayoría de jueces, fiscales y autoridades políticas «le tienen un temor a la prensa terrible y sus decisiones son basadas en lo que dicen los medios».
La Policía Nacional de Perú reforzó la alerta roja de Interpol para capturar a Belaunde ante el riesgo de que el empresario pueda ingresar a otro país en los próximos días.
La Conare negó el miércoles por segunda y definitiva vez la solicitud de refugio de Belaunde, a quien le otorgó un período de treinta días para formalizar su condición migratoria en calidad de migrante irregular o para abandonar el país.
El procurador anticorrupción del Estado, Joel Segura, aseguró que Perú solicitará la extradición de Belaunde antes de que el 17 de marzo expire la vigencia de su detención preventiva y quede en libertad.
Belaunde Lossio, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.
Tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014, después de que un tribunal de Perú ordenara en mayo su detención preventiva durante 18 meses por presuntos delitos contra la administración pública, peculado (apropiación indebida de caudales públicos) y asociación ilícita para delinquir.