José Luis Santistevan Justiniano*
Ya hemos manifestado con claridad que el llamado proceso de cambio y la agenda patriótica 2025 son incompatibles con el proceso autonómico. Hace 6 años de vigencia de la CPE, cinco años de la ley marco de autonomías, y hace más de dos años del censo y NO hay pacto fiscal.El Ministerio de Autonomías y Descentralización y el Ministro Hugo Siles, NO se enteró de la decena de leyes, como ley financial, la ley Evenino Siñani, ley de clasificación impuestos 154, la ley de juegos de azar, ley de bebidas alcohólicas, la ley de seguridad ciudadana, la ley de derecho de propiedad, los decretos de la renta dignidad, etc., que violentan la autonomía municipal y departamental y le confiscan los recursos a las regiones.El gran problema del gobierno es el uso de las autonomías como factor de poder, lo otro es la improvisación del Ministerio de Autonomías y sus ministros, la anterior ministra era escritora de novelas, el actual es internacionalista que de procesos de descentralización conoce muy poco, al contrario, cuando era oficial mayor de coordinación, gestión de Roberto Fernández (2003-2005) dictó una Resolución Ejecutiva y centralizó las sub-alcaldías y las hizo dependiente de su despacho.Miremos tres contradicciones del Ministro Hugo Siles, antes de cumplir dos meses de su posesión:
- No habrá pacto fiscal sin vigencia de los estatutos” (el deber 26 de enero de 2015), contradictoriamente promovió la reunión del Consejo Nacional de Autonomías e hizo aprobar un procedimiento denominado Ruta del Pacto Fiscal.
- “No se puede discutir los estatutos debido al clima electoral que se vive” (El Mundo 25 de febrero de 2015), contradictoriamente dice que Santa Cruz debe adecuar y aprobar sus estatutos a la brevedad, el Ministerio a su cargo si promovió la convocatoria del Consejo de Autonomías con alcaldes y gobernadores interinos.
- “Si hubieran estatutos vigentes Rubén Costas no podría ser candidato” (el deber 13 de marzo de 2015) el Ministro NO conoce que fue el gobierno, al que ahora apoya, quien recurrió al Tribunal Constitucional y consiguió la Declaración No.003/2013 y luego la Asamblea Plurinacional, con dos tercios oficialista, aprobó la ley 381 y los habilitó a todos los actuales candidatos a alcaldes y gobernadores, con el único fin de habilitar al Presidente y al Vicepresidente para las elecciones nacionales.
Nos encontramos ante una improvisación del proceso autonómico y ante un uso desmedido de faltar a la verdad solo con fines políticos, sin medir las consecuencias del daño que se le hace al proceso autonómico.Este proceso se repite cuando el Presidente Evo Morales hizo campaña por el NO a las autonomías el 2006 y luego dijo que fue un error. Cuando el Presidente Evo Morales hizo campaña en contra de la vigencia por el actual Estatuto Cruceño y luego ordenó que lo incluyeran en la actual Constitución, y gracias a esto ya no habrá votación popular para poner en vigencia los estatutos en cuatro regiones. Los ciudadanos que le hicieron caso y no votaron deben cobrarle su voto al Presidente.El improvisado ministro no conoce que los cinco departamentos, que irán a voto popular el 28 de junio de 2015 para aprobar sus estatutos, son los que no fueron a las urnas el año 2008 y que votaron por el NO a las autonomías el año 2006. Cuando ya Santa Cruz es autónomo desde ese año.El improvisado ministro no conoce que los estatutos de estos cinco departamentos, son los que han inscrito sus estatutos en la visión del centralismo actual, modelo distinto por el que votó el pueblo cruceño el año 2008.El improvisado ministro no conoce que cuando la asamblea departamental cruceña trató de conseguir los dos tercios (19 de 28) con el apoyo del indígena Yuracaré-Moxeño, éste representante fue echado por el árbitro electoral, por orden del gobierno del MAS.Hay que reconocer que el improvisado ministro es fiel a las líneas que el gobierno está utilizando en esta época electoral para atacar a Santa Cruz, lo que el ministro no sabe, es que una vez cumpla con los designios del gobierno, su futuro es incierto. En tanto, la septicemia gubernamental es incurable.*Abogado constitucionalista