Editorial – El Deber
Hay que dotar a cada barrio cruceño de una fuerza policial especializada capaz de combatir el crimen y de una estructura social que pueda prevenirlo.La seguridad física de las personas es una de las tareas esenciales que los ciudadanos confían al Estado, por una cuestión de eficiencia y eficacia en la lucha contra el crimen. Y cuando el Estado no asume a plenitud esa responsabilidad, los ciudadanos se ven obligados a suplir las deficiencias de alguna manera: amurallándose en sus viviendas, contratando serenos y guardias privados y hasta conformando brigadas vecinales que patrullan las calles del barrio para protegerse de pandilleros, rateros, violadores, vendedores de droga y delincuentes de toda laya.Sin duda que el habitante de Santa Cruz de la Sierra lleva la delantera en aquello de proveerse su propia seguridad. Lo hace obligado por las circunstancias; lo hace porque –como acaba de señalar el presidente Evo Morales– la capital cruceña tiene los índices de criminalidad más elevados de todo el país, y nadie se va a quedar esperando de brazos cruzados a que los diferentes niveles de gobierno terminen de crear y afinar los mecanismos necesarios para proteger a la población.Hay que reconocer que algo se ha avanzado en esta materia desde que el Gobierno central, la Gobernación y la Alcaldía decidieron aunar esfuerzos al calor de olas delincuenciales: mandaron policías de élite, adquirieron vehículos para el patrullaje urbano, construyeron módulos policiales, entre otras acciones. Más recientemente, se ha dispuesto que los uniformados que prestaban servicios de seguridad en reparticiones públicas o cumplían funciones burocráticas vuelvan a las calles para resguardar al ciudadano común. ¿Es suficiente todo esto? ¿Guarda relación con el crecimiento demográfico cruceño, que –al sacar ventaja a los índices de desarrollo humano– deriva en descomposición social?La respuesta es negativa, falta mucho por hacer. Hay que atacar la raíz del problema, lo que implica descentralizar la seguridad para llegar con ella a todos los barrios de la ciudad, desde el centro hasta la periferia, porque ya ningún lugar de la urbe es seguro. Ahí tenemos a malvivientes golpeando salvajemente a monjas en recintos religiosos, a violadores atacando a sus víctimas en plena vía pública y a bandas de atracadores sembrando terror en comercios y viviendas sin que nadie pueda impedirlo. Ni qué hablar de la violencia intrafamiliar, que requiere de un trabajo mucho más cercano al núcleo de la sociedad. No dejemos solo al ciudadano en esta lucha. Hay que dotar a cada barrio cruceño de una fuerza policial especializada capaz de combatir el crimen y de una estructura social que pueda prevenirlo.