La denuncia será presentada hoy en la Fiscalía por dos diputados de la opositora UD, en tanto el Tribunal Supremo Electoral dice que no es su competencia «conocer y resolver” la advertencia de Morales tipificada -por la oposición- como coacción electoral.
UD prepara querella contra Evo por coacción electoral
La Ley de Régimen Electoral establece que el servidor público que coacione será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Página Siete / La Paz
El presidente Morales durante un acto proselitista del MAS.
Los diputados de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe y María Calcina presentarán ante la Fiscalía una querella contra el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera por la advertencia que lanzaron al electorado de que no trabajarán con las autoridades de oposición que resulten electas en las elecciones subnacionales del 29 de marzo.
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La denuncia será presentada después de que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilma Velasco, aseveró que no es su competencia «conocer y resolver” la advertencia de Morales tipificada -por la oposición- como coacción electoral.
El 28 de febrero, en un acto proselitista, el presidente Morales advirtió que no trabajará ni ejecutará obras en las regiones donde no ganen los candidatos del MAS. García Linera ratificó la decisión y dijo que «de manera definitiva” no trabajarán con autoridades de la derecha.
En el memorial, los legisladores pedirán que la Fiscalía «inicie un proceso y sancione a los responsables de la comisión en flagrancia de los delitos electorales”.
Asimismo, los asambleístas advirtieron que en caso de negativa o rechazo interpondrán un recurso legal, según establecen las normas judiciales.
Como pruebas del delito cometido por los mandatarios, los legisladores entregaron recortes de prensa y videos de los actos en los que las máximas autoridades del Gobierno lanzaron las advertencias al electorado en diferentes actos públicos.
La Ley de Régimen Electoral, en su artículo 238 establece que el servidor público que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que voten por determinada candidatura en un proceso electoral, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Punto de vista
Jorge Lazarte
Exvocal de la Corte Electoral
La sanción no sólo debe ser legal
En todo caso no es la primera vez que declaran no estar dispuestos a cohabitar o entenderse con la oposición. Recuérdese con lo que pasó en la época de su enfrentamiento con lo que se llamó la «media luna”.
Sin embargo, esta declaración está en contradicción con el nuevo discurso del Gobierno que pretende aparecer como Gobierno de «todos los bolivianos”. ¿Cómo explicar este viraje, entre muchos otros? El temor de perder las elecciones próximas en bastiones de alto valor simbólico como El Alto, tan evista y masista en elecciones nacionales. Perder además el departamento para el Gobierno sería catastrófico.
Para evitar perder, vale todo, inclusive usar una amenaza con sabor a chantaje. Es decir, la democracia del Gobierno es lo que está dispuesto a tolerar.
Y debería tener una sanción moral y política más que sanción legal. Más adelante habrá que ver sus consecuencias prácticas para saber si pueden estar sujetos a procesos judiciales.