Vocales electorales con el puño en alto

Raúl Peñaranda U.int-60452El Tribunal Electoral de Chuquisaca ha tomado una decisión que será un nuevo precedente funesto para nuestra democracia, de los varios que el organismo electoral ha establecido en las últimas semanas. Ha eliminado, así, como si nada, 9.000 votos que le correspondían al FRI, lo que ha puesto en duda el corazón del sistema electoral del país; es decir, que los sufragios no se anulan. Este es un retorno a la situación que se vivió hasta 1989, cuando la Banda de los Cuatro invalidaba votos masivamente para favorecer a algunos candidatos.Ahora, al anular esos votos ha impedido que la norma se cumpla, es decir, que los chuquisaqueños acudan a una segunda ronda y puedan elegir entre los dos más votados. Esto es algo nuevo para la democracia boliviana. Después de los comicios de 1989, que con la masiva anulación de sufragios cambió la composición del Senado, no habíamos tenido una situación en la que decisiones administrativas tuerzan la voluntad popular.Unas semanas antes, Alí Babá y los 40 ladrones violaron también la Constitución cuando le quitaron la personería jurídica al frente UD e impidieron que el candidato favorito a la gobernación, Ernesto Suárez, pudiera candidatear. Otros 227, muchos de ellos con chances ciertas de ganar, también fueron inhabilitados, regalándole de paso al MAS tres municipios en los que no tuvo contendiente.Pero las decisiones administrativas empezaron en realidad el año pasado, cuando el TSE emitió una circular mediante la cual impidió que exlegisladores pudieran candidatear a las alcaldías. Ello sacó de carrera a dos políticos que tenían grandes posibilidades de vencer, como Rebeca Delgado, en Cochabamba, y Eduardo Maldonado, en Potosí.¿Cómo se ha llegado a esta situación? Por la debilidad de la sociedad civil y de los grupos de presión del país. Hace cinco años, la mayoría masista del Legislativo eligió a los vocales de los tribunales departamentales y del TSE. Muchos de ellos, si no todos, están relacionados al MAS o no tienen la suficiente entereza moral como para evitar las presiones del oficialismo.Cuando esos personajes fueron elegidos, y muchos de ellos eran claramente afines al gobierno (Wilfredo Ovando había aparecido en una foto en un acto proselitista del oficialismo), la ciudadanía no tenía la energía suficiente para elevar su voz frente al aplastante aparato gubernamental. Y luego, en el acto de posesión de los vocales que nombra el Presidente, cinco de ellos hicieron el símbolo masista de levantar el puño izquierdo. No les dio ni vergüenza.Se imagina el lector que, en el pasado, ¿los vocales electorales hubieran hecho la «V” del MNR en un acto en Palacio? La sociedad civil no lo hubiera permitido. Esa sociedad civil movilizada ya no existe más.   El Gobierno, con 200 millones de dólares del Fondo Indígena, ha sobornado a miles de dirigentes de movimientos sociales para mantener a sus organizaciones en silencio y dominadas. Y ha perseguido a los periodistas, dirigentes y representantes sociales que disienten y se enfrentan al discurso oficial.Pero más grave que esas decisiones administrativas, son las irregularidades de la fase previa al día mismo de las elecciones. La jornada electoral, como coquetamente ha dicho Unasur, transcurre normalmente. El problema está en los mil días anteriores al día mismo de las elecciones. Y tienen que ver con la descarada e ilegal campaña electoral que el MAS desarrolla con el dinero de todos los bolivianos.El Presidente y el Vicepresidente se trasladan a todos los rincones del país, todos los días, para hacer campaña a favor del MAS, usando los bienes del Estado. Y realizan también campaña aprovechando la inauguración de obras y servicios públicos, algo expresamente prohibido por ley.Todos esos eventos, bien orquestados, son transmitidos en vivo y en directo, diariamente, por los medios estatales (que el MAS usa como propios). Si se traduce ello en cifras de dinero, el MAS tiene a su disposición cientos de millones de dólares, que le pertenecen a todos, para hacer campaña permanente.Lamentablemente, no existe institución alguna que le pueda poner freno a aquello: Alí Babá y los 40 ladrones no hacen respetar las normas electorales y los integrantes del Ministerio Público están aterrorizados ante la posibilidad de actuar con independencia.  Así nos va.Página Siete – La Paz