La presidencia de la Cámara de Diputados de Bolivia recibió, en lo que va de este año, las primeras siete denuncias de la actual legislatura; solo dos fueron admitidas.
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Wara Vargas.
La Razón / La Paz
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, una entidad que investiga faltas administrativas y de conducta cometidas por legisladores, recibió más casos de orden penal y anónimos. La evaluación, que corresponde a legisladores que administraron esta entidad en 2014 y la gestión que comenzó el 22 de enero, también refleja que los denunciantes (cualquier ciudadano puede serlo) no reunieron los requisitos para que proceda el tratamiento de sus demandas.
Respecto a los registros de este año, la Comisión de Ética, formada el 17 de abril —tres meses después de la iniciación de la legislatura—, recibió siete casos, pero admitió solo dos, precisamente, por la falta de requisitos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aclaró que la entidad “está ahí para castigar faltas y no delitos”. Explicó que los casos fueron derivados “sin hacer diferenciaciones”.
Demandas. De los siete casos, la entidad legislativa revisó cuatro, admitió dos y para los dos restantes solicitó a los denunciantes que completen los requisitos. “No especificaron la falta cometida o no se identificaron con los documentos de ley, como el carnet de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar. En esos casos, se notifica a la parte interesada para que complete esa documentación en un plazo de cinco días”, explicó la diputada Alicia Canqui (MAS), presidenta de la Comisión de Ética.
Así, uno de los casos que todavía no fue admitido es del diputado Jacinto Vega, acusado por presunta violación, y de Rubén Chambi, sindicado por supuestos hechos de corrupción. Ambos legisladores son del MAS y las denuncias son de orden penal.
En cuanto a las dos demandas admitidas, éstas corresponden al diputado suplente Amílcar Barral, de Unidad Demócrata (UD), acusado por supuestos cobros irregulares a dos funcionarios del Legislativo y otro por acoso político a la vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia.
Más allá de los números, lo que hace falta es “información y transparencia” para dar el uso adecuado a esa entidad, señaló luego la diputada Jimena Costa (UD), quien denunció a Barral.
“Hay que evitar que esa comisión se vuelva un instrumento para resolver asuntos políticos. La función es que los legisladores actúen de manera ética (…), mientras más información, hay más condiciones para que se procese y aplique las faltas”, dijo.
Esta problemática también fue analizada por el exdiputado Juan Carlos Claros (MAS), quien presidió esa comisión en la gestión 2014. “Muchos casos” ingresaron en esa oportunidad sin cumplir requisitos y tuvieron que ser rechazados. “El año pasado entraron unas 50 denuncias, más de la mitad eran anónimas, otras carecían de pruebas, por eso, solo se admitieron 15 casos y al final casi todos fueron rechazados”, informó.
Claros recordó que en esa oportunidad uno de los pocos casos sancionados fue contra el entonces diputado del MAS Ever Moya, acusado por la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, por presunto uso indebido de influencias, y fue suspendido de sus funciones por cuatro meses.
De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Ética, un diputado puede ser sancionado con la separación temporal de la Cámara (entre 1 a 12 meses), sin derecho a percibir remuneración alguna y en caso de faltas gravísimas implica la pérdida de mandato.
El diputado Wilson Santamaría (UD), miembro de la Comisión de Ética, anunció el inicio de “un proceso de socialización interna y externa” del reglamento de esa entidad para informar a la población que esa repartición regula las conductas de los asambleístas en el ejercicio de sus funciones, y que “pierde competencia” cuando se denuncian delitos penales, que son de competencia de la Fiscalía. “Estamos planificando realizar la actividad durante el receso parlamentario de medio año. No hay que confundir las causas que debe conocer esta comisión”, manifestó el legislador opositor.
Barral es primero de 2015
Si bien llegaron siete denuncias a la Comisión de Ética, el primer caso en ser admitido e investigado, en la gestión legislativa 2015, es el del diputado Amílcar Barral (UD), acusado por presuntos cobros indebidos a dos funcionarios del Legislativo y por acoso político contra Dina Chuquimia, vocal del Órgano Electoral Plurinacional.
En el primer caso, el opositor ya fue notificado hace siete días y desde entonces corren otros diez días para que presente sus descargos y así probar su inocencia. De manera paralela, el denunciante Hipólito Matías, quien supuestamente pagó a Barral Bs 2.700 y 2.300, entre febrero y marzo, por concepto de “aportes voluntarios”, inició una querella ante el Ministerio Público contra el diputado por los delitos de amenazas, extorsión, cohecho pasivo y coacción.
El hecho no solo “inauguró” las actividades de investigación en la Comisión de Ética, también generó fricciones al interior de la bancada opositora. La denunciante, Jimena Costa (UD), fue calificada de “infiltrada” del MAS por su colega Rafael Quispe y Barral afirmó que la acción de la legisladora afectaba la estabilidad de la bancada opositora en la Cámara de Diputados. Así, el acusado perdió el apoyo de sus correligionarios, quienes le advirtieron que “no recibirá el apoyo de nadie” y que deberá “dar un paso al costado”, si es hallado culpable.
Concluido el término probatorio, se convoca a una sesión para emitir el fallo. El proceso finalizará en unos 40 días, explicó Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados. Barral anunció que evitará pronunciarse sobre este tema porque afecta su imagen.
Sepa cómo denunciar faltas de legisladores
¿Quiénes pueden?
Las denuncias contra diputados serán presentadas por toda persona natural o jurídica directamente afectada.
¿Cómo hacerlo?
Si es una persona natural, deberá presentar una fotocopia legalizada de cédula de identidad, pasaporte, libreta de servicio militar. Si es colectiva, acreditará su personería con un representante legal.
Requisitos
Las denuncias serán presentadas por escrito, firmadas y con los indicios de prueba, debiendo identificar las normas éticas, obligaciones, deberes incumplidos y/o las prohibiciones e impedimentos vulnerados.
Procedimiento
Los documentos se presentan a la Presidencia de la Cámara de Diputados. Leída la denuncia en el Pleno por Secretaría, será remitida inmediatamente sin debate a la Comisión de Ética de Diputados.