La Sociedad Protectora de Animales no está de acuerdo con que no se contemple a los seres vivios que mueren por ritos tradicionales y utilizados para medicina natural
La presidenta de la Sociedad Protectora de Animales S.O.S. de La Paz, Susana Carpio, criticó el proyecto de Ley Contra la Crueldad y el Maltrato Animal, indicando que no brinda protección para los seres vivos que pierden la vida en ritos tradicionales y son usados para medicina natural.
“Las llamas, que se sacrifican al tío de la mina, no van a entrar (a la Ley); las gallinas, que se emborrachan y se entierran vivas, no van a entrar, y tampoco las ranas que se licúan ni los murciélagos que se usan su sangre para que no te dé enfermedad pulmonar”, indicó Carpio a la agencia de noticias Erbol.
Por su parte, la diputada Mireya Montaño, una de las proyectistas, indicó que el objetivo de la norma es proteger a los animales domésticos y comestibles.
La norma dispone cárcel de seis a un año para el que maltrate a un animal hasta dejarlo dañado, mientras que matar un ser vivo por “ensañamiento o motivos fútiles” tiene privación de libertad de dos a seis años.
Sin embargo, las disposiciones finales de la Ley, aprobada en Diputados, exceptúan de su aplicación a la medicina natural y ritos que se rigen de acuerdo a la cultura y tradiciones.
Montaño explicó que para aprobar la Ley se consideró que esta norma no podría afectar la cultura y los ritos de las comunidades originarias.
No obstante, la norma indica que estos ritos se deben realizar “evitando el sufrimiento innecesario y agonía prolongada” de los animales. Carpio observó que no se sabe qué mecanismo se usará para hacer cumplir esta condición. “Les pondrán una anestesia, imagino que habrá un veterinario a su lado. No sé”, dijo la presidenta de S.O.S.
Asimismo, Carpio indicó que la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la protección de la fauna silvestre y animales domésticos es “competencia exclusiva” de los gobiernos municipales, pero los artículos 4 y 5 del proyecto de Ley nacional ingresan en este campo.
“El riesgo sería un Amparo Constitucional”, advirtió. Sostuvo que una persona procesada por esta Ley podría impugnar la constitucionalidad de la misma para librarse de una sanción.
Fuente: eldeber.com.bo