Sin embargo, es una de las realidades que menos preocupa. De acuerdo con un estudio de Mercados y Muestras, los sobornos en la justicia alarman a los bolivianos. El 66% apoya la libertad de los reos con delitos menores. Bolivia está entre los países con más hacinamiento carcelario.
Página Siete / La Paz
El 66% de la población reprueba la justicia boliviana, de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Mercados y Muestras a ciudadanos en diferentes puntos del territorio nacional.
Los resultados muestran que un 49% de la gente «desaprueba mucho” la situación actual de la justicia y un 17% «desaprueba algo”, porcentajes que, sumados, hacen un 66% de reprobación.
Asimismo, el 5% de las personas encuestadas «aprueba mucho” como está la justicia, el 20% «aprueba algo”, el 8% ni aprueba ni desaprueba y el 1% no sabe o no responde.
La situación de la justicia es cuestionada desde hace mucho; no obstante, con los últimos casos de corrupción en los que fiscales, jueces y abogados fueron involucrados, el presidente Evo Morales sugirió que se realice una cumbre nacional para salir de esa crisis.
El hecho que sacudió al Gobierno fue la fuga del peruano Martín Belaunde, el 24 de mayo, que reveló la presunta existencia de una red de corrupción que colaboró en su huida, por la cual dos jueces y varios abogados son investigados.
Aunque a primera vista parece que los casos de corrupción se hacen públicos sólo a niveles jerárquicos, las irregularidades en los casos que ocurren a la gente de a pie son las más comunes.
De hecho, los ciudadanos consideran que hay dos realidades específicas que más le preocupan sobre la justicia: el 26% de los encuestados cree que no hay justicia debido a los sobornos o coimas que involucran a todos los operadores, mientras que el 25% de la población piensa que uno de los problemas más sensibles es la situación de la gente pobre encarcelada sin sentencia.
Contradictoriamente, según la encuesta realizada a 800 personas en ciudades y en áreas rurales del país, una de las cosas que menos preocupa a la gente es la administración de la justicia.
Sólo al 8% de la población le preocupa la mala administración de la justicia.
Lo que la mantiene en mucha incertidumbre es la delincuencia, según el 26% de los encuestados.
Ligada a la mala administración de la justicia está la corrupción, lo que al 20% de la población preocupa. Le sigue la pobreza, que mantiene en zozobra al 13% de la gente y al 12% el preocupa el empleo y el bajo salario.
Después de la mala administración de la justicia está los servicios de atención en salud y las peleas políticas: 7% y 3%, respectivamente.
El abogado penalista Alaín De Canedo considera que un 90% de los operadores de justicia está dañado con la corrupción.
«Hace cinco años las leyes eran las mismas y las personas también. Ahora los medios de comunicación visualizan de una mejor manera la realidad”, afirmó.
Puso como ejemplo el caso de la violación a Renee Gurley, la ciudadana estadounidense. «Si no hubiera sido por los medios, (la justicia) hubiera otorgado absolución (a los violadores)”, afirmó el jurista.
El presidente Morales planteó hace pocos días que a los abogados corruptos se les quite su título profesional como una sanción ejemplificadora.
Al respecto, De Canedo considera que es una solución, aunque se va a un extremo.
«Una solución es que haya independencia del Órgano Judicial. Eso es muy importante. Y que se otorgue sueldos dignos a los operadores de justicia”.
El 56% cree que la justicia empeoró desde las elecciones de 2011
Según la encuesta de Mercados y Muestras, el 56% de los ciudadanos considera que la justicia empeoró desde las elecciones de 2011, cuando se eligieron autoridades judiciales del Estado en comicios.
A la afirmación «la justicia en Bolivia ha empeorado, desde que, por primera vez hace tres años, el pueblo votó para seleccionar a los jueces y magistrados”, el 56% de la gente respondió que es verdadera.
No obstante, el 28% de los 800 encuestados a nivel nacional cree que esa afirmación es falsa, el 3% considera que no es verdadera ni falsa, el 2% dijo que hay algo de verdad y el 12% de la gente no supo responder.
El 16 de octubre de 2011, por primera vez en la historia del país, se eligió en las urnas a las autoridades del Órgano Judicial, las mismas que fueron duramente cuestionadas por los resultados que se dieron a conocer y el poco apoyo que tuvieron las actuales autoridades judiciales.
La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en enero de 2009, estableció un conjunto de reformas institucionales y políticas en los órganos del Estado. Una de ellas fue la elección por sufragio universal de los integrantes de las instituciones superiores y de cierre jurisdiccional a nivel nacional del sistema de justicia en Bolivia.
Sin embargo, después de que no se plasmaron resultados sobre la reforma judicial, varias autoridades de Gobierno admitieron que se equivocaron con las elecciones judiciales. Una de ellas fue la exministra de Justicia Sandra Gutiérrez.
En octubre de 2014, el presidente Evo Morales admitió que fue un error el haber incluido en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) la elección de magistrados del Órgano Judicial a través del voto ciudadano.
«Uno de los errores de la Constitución ha sido ése, la elección de autoridades con el voto del pueblo. Lo lamento mucho, me duele mucho”, afirmó Morales y propuso hacer una revolución en la justicia boliviana, propósito que aún no tiene resultados.
En los últimos meses ocurrieron hechos de corrupción en los que fiscales, jueces y abogados estuvieron implicados.
Punto de Vista: “Hay una profunda crisis en el aparato”
Teófila Guarachi
Defensoría del Pueblo La Paz
En realidad hay una profunda crisis en el aparato judicial de poder buscar y encontrar justicia, o acceder a la justicia en nuestro país, eso es lo que vemos como Defensoría del Pueblo.
Hay dos poblaciones con las que tenemos que trabajar con mayor énfasis, sin dejar de lado a las otras, evidentemente, como son los casos suscitados en contra de infantes, de cero a cinco años; niños y niñas; adolescentes y mujeres.
En Bolivia se registran cerca de 14.000 hechos de violencia, entre física, psicológica y sexual contra estas poblaciones, de las cuales sólo el 0,4% llega a tener sentencia.
Estos actos reflejan una total impunidad contra los hechos que se generan cotidianamente, si no afectan de manera directa a estas dos poblaciones más vulnerables.
Entonces, creemos que debemos recordar a los servidores públicos, a los miembros del aparato judicial, que la Constitución Política del Estado (CPE) determina el interés superior de la niña, niño y adolescente, pues debe estar por encima de cualquier otra consideración o prioridad.
Por estas razones es que la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades judiciales, pero también a los servidores públicos, que asuman un rol protagónico y un interés prioritario para perseguir, detener y sancionar a las personas que dañan la integridad de los niños, niñas y adolescentes con la misma celeridad que otros casos.
El 66% apoya la libertad de los reos con delitos menores
Bolivia está entre los países con más hacinamiento. De acuerdo a una encuesta, el 25% de los entrevistados no está de acuerdo con esta reforma. EL 9% se mantiene al margen.
Página Siete / La Paz
El 66% de los entrevistados por la empresa Mercados y Muestras SRL considera que los reclusos que no cometieron delitos violentos deben ser liberados para así disminuir el hacinamiento en las cárceles del país y dar paso a criminales de mayor peligrosidad.
Esta es una de las interrogantes que surge ante la sobrepoblación penitenciaria que -según datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex (ICPS)- ubicaba a Bolivia en el octavo lugar en hacinamiento en Latinoamérica en 2014, con una tasa de ocupación carcelaria de 256%, detrás de venezuela (270%) y, más lejos aún de Haití, que ocupa el primer lugar, con 416%.
Se calcula que el 80% de los privados de libertad no tiene sentencia, sólo detención preventiva. Y cada día los juzgados envían a más procesados a las cárceles.
Además, la mayoría de los reos que llena las prisiones cometió delitos leves o que no implicaron violencia. Por ejemplo, más del 20% está preso por violar la Ley de Sustancias Controladas, muchos de ellos microtraficantes detenidos con pocos gramos de droga.
De acuerdo con la encuesta de Mercados y Muestras SRL, el 25% no está a favor de liberar a reos que no cometieron delitos violentos y el 9% no se inclina por ninguna respuesta o guarda silencio (ver infografía).
En opinión de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, el 66% que apoya la liberación de los delincuentes «no violentos” es una cifra baja si se tiene en cuenta lo llenas que se encuentran las cárceles y que no son precisamente espacios de rehabilitación, sino al contrario, centros donde el contacto con reincidentes intensifica los comportamientos delictivos.
«El riesgo más alto es que hay gente que sale con otro tipo de prácticas, que lamentablemente las adquieren de reincidentes o reos con delitos mayores”.
Itinerario del indulto
Indulto. En noviembre de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó el decreto para la ampliación del indulto presidencial para presos que cumplen ciertos requisitos. El primer decreto se aprobó en septiembre de 2013.
Aspiración. El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo a mediados de mayo que se tenía previsto que 1.000 reos se beneficien este año con el indulto. Los primeros coincidirán con la visita del Papa.