Petrobras recorta en 37% su plan de inversiones hasta 2019 debido a la corrupción


La compañía asumió pérdidas por más de 2.000 millones de dólares en 2014 debido a contratos amañados que enriquecieron a jerarcas de la empresa, a decenas de políticos y a varios partidos.

La Razón Digital / AFP / Río de Janeiro

imagePlanta de la compañía Petrobras en Brasil.



Petrobras, la petrolera brasileña controlada por el Estado, informó el lunes que recortó en 37% su plan de inversiones 2015-2019 a 130.300 millones de dólares, como parte de sus esfuerzos por recuperarse tras un gigantesco escándalo de corrupción.

La anterior previsión para el ciclo 2014-1018 era de 220.600 millones de dólares, lo que implica una monumental reducción de 90.300 millones de dólares.

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«Las inversiones fueron reducidas en 37% comparadas con el plan anterior», dijo en un comunicado la compañía, que asumió pérdidas por más de 2.000 millones de dólares en 2014 debido a contratos amañados que enriquecieron a jerarcas de la empresa, a decenas de políticos y desviaron fondos para varios partidos.

Fuertemente endeudada, la mayor empresa de Brasil aprobó un nuevo plan de negocios y gestión que prevé desinversiones por 15.100 millones de dólares para 2015-2016 y «esfuerzos en reestructuración de negocios, desmovilización de activos y desinversiones adicionales, que totalizan 42.600 millones de dólares en 2017-2018», según señaló en un comunicado.

El llamado «Petrolao» ya puso en prisión a los presidentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutierrez, dos gigantes del sector, y al extesorero del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que gobierna Brasil desde hace 12 años y al que pertenece la presidenta Dilma Rousseff. Además, tiene bajo investigación a 22 diputados, 13 senadores y dos gobernadores.

El saldo de esa trama, aún en desarrollo, costó una fuerte pérdida de valor bursátil a Petrobras y el recambio de su directorio casi en pleno. Y las esquirlas del caso llegan también desde el extranjero, donde en Estados Unidos la empresa enfrenta acciones colectivas de inversores que alegan ser víctimas del desfalco.