Editorial – La Razón
A la larga, una mayor presión a los contribuyentes de siempre puede resultar ineficiente.El momento en que las campanas de una desaceleración económica suenan, es entonces cuando las medidas contracíclicas deben ser asumidas sin demora, y entre ellas cabe resaltar la prudencia del gasto público, sobre todo tomando en cuenta que, por lo observado durante los primeros meses del año, la holgura por la reducción de la renta gasífera es cada vez menor.Ante la contracción de los ingresos fiscales, es lógica la reacción de las autoridades en materia de finanzas públicas respecto a su intención de aumentar la presión fiscal sobre quienes actualmente contribuyen al erario nacional, ejerciendo en muchos casos acciones coercitivas sobre los contribuyentes.Evidentemente, durante los últimos meses el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) se ha propuesto mejorar la efectividad de sus mecanismos de cobro, ofreciendo incluso bonos a los fiscalizadores que logren sobrepasar sus metas de recaudación. No obstante, si bien el cobro intensivo contribuye a reducir la tasa de evasión, esta política no es del todo eficiente, porque en la medida en la que el mismo grupo tributario es sujeto de una mayor presión fiscal, otros grupos plausibles de recaudación son dejados de lado, con el riesgo de crear incentivos perversos entre los “pocos” contribuyentes formales, quienes abrumados por las multas y cargas tributarias podrían migrar hacia el mundo informal, donde muchos otros sectores económicos encuentran refugio de la voracidad del SIN.Ahora bien, en la medida en que el crecimiento del PIB mantenga una tendencia a la baja, muchos segmentos económicos experimentarán caídas en sus ingresos, con la consecuente contracción de las recaudaciones tributarias. Entonces, tomando en cuenta que una mayor presión tributaria a los de siempre puede resultar inefectiva e ineficiente, ¿qué otras posibilidades le restan a la autoridad fiscal en este contexto de desaceleración económica?Una primera opción debiera ser ampliar la base tributaria e incorporar a otros sectores económicos que no contribuyen a las arcas del Estado, pero que sí se favorecen con la inversión y los servicios públicos. Es decir que se debería erradicar la discriminación en contra de los aportantes de siempre, quienes deben soportar sobre sus espaldas (y bolsillos) toda la carga tributaria. Una segunda opción es la de reducir el gasto público. ¿Y esto qué significa? Pues empezar a apretar cinturones en muchas reparticiones del Gobierno.Mientras estas medidas no se asuman, el tiempo y las circunstancias económicas (de enfriamiento) pueden obligar a elevar los impuestos, a promover la creación de otros e incluso a depreciar la moneda local respecto a la UFV. De allí que, para evitar este escenario, la presión fiscal debería orientarse a ampliar la base tributaria, reduciendo el universo de la informalidad económica, antes que trillar una receta de cobro a los mismos sectores de siempre.