Erika Brockmann Quiroga
La petición del padre Mateo Bautista, a fin de asegurar al menos un 10% del presupuesto a favor de la salud pública, no solo levantó polvo, sino que terminó convirtiéndose en la piedra en el zapato del Gobierno antes de la visita del papa Francisco. La polémica provocada abrió espacio suficiente para prever señales preocupantes respecto a los avances y a la eficacia y efectividad de las políticas de salud en tiempos de extraordinaria bonanza. De pronto, se desnudan deficiencias de mayor calibre que la sola inyección de dinero no podrá resolver. A modo de hipótesis, menciono posibles causas de los déficits observados. El primero tiene que ver con la falta de confiabilidad y consistencia en la información del sector; el segundo, con un proceso de recentralización de la gestión territorial de los servicios de salud y, el tercero, con la falta de evaluación de políticas en curso para validar su pertinencia y, si fuese necesario, corregir su rumbo.La danza de porcentajes contradictorios relativos al presupuesto de salud planteada por distintos voceros gubernamentales es un primer dato sospechoso. El problema se agrava al constatar la falta de respuestas del censo de 2012 a preguntas tan simples como la evolución histórica y ‘territorializada’ de los índices de mortalidad, fecundidad y migración. Según varios expertos, los índices de mortalidad infantil aumentaron debido a una menor efectividad y cobertura de las campañas de vacunación.La recentralización de la gestión pública y el funcionamiento de los servicios de salud departamental han desorganizado la articulación de la red de servicios de salud en sus distintos niveles. No es suficiente anunciar la construcción de hospitales que terminan subutilizados o saturar con la entrega de ambulancias que luego no funcionan por falta de presupuesto y combustible. Se ha roto la sinergia de la progresiva ampliación de prestaciones de salud pública otorgadas desde que Bolivia inaugurara el ciclo democrático en 1982 basada en su compromiso con la Declaración de Alma Ata a escala internacional.El tercer problema tiene que ver con la pertinencia de algunos programas. Es el caso del bono Juana Azurduy de Padilla. A modo de hipótesis, pareciera que este bono, sumado a la política de inamovilidad laboral de futuros padres de familia y a los productos del subsidio de lactancia –monetizados clandestinamente–, coloca a las mujeres de sectores más vulnerables en condiciones poco favorables para decidir libre y voluntariamente el número de embarazos que desea tener. ¿No es hora de investigar los efectos virtuosos o perversos de este tipo de políticas que inducirían a embarazos no deseados, siendo incentivo a la paternidad irresponsable en el país?El Deber – Santa Cruz