El Ministerio Público allanó la empresa Creta S.R.L, de propiedad del empresario José Luis Sejas Rosales, e inició investigaciones en reserva de algunos privados y las relaciones contractuales que tienen con YPFB en el tema del transporte de diésel e insumos y aditivos. Sejas es acusado de estar involucrado en el transporte de estupefacientes hacia Argentina, donde enfrenta procesos.Un equipo periodístico de EL DEBER llegó hasta el lugar de la compañía, en la doble vía a La Guardia, altura del km 8 y medio, y constató el precintado de varios camiones cisterna y el cese de operaciones de la empresa.De igual forma, ayer la estatal YPFB notificó oficialmente a la firma Boliq Ltda. la rescisión de contrato tras confirmar que en uno de sus camiones la Policía argentina se incautó de 135 kilos de cocaína, equivalentes a $us 2 millones.La noticia fue confirmada ayer por la Fiscalía. En los siguientes días se notificará a los involucrados en el caso.Al respecto, el abogado de Sejas, Wálter Suárez Chávez, indicó que su defendido tiene dos causas: una en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas, a raíz de denuncias de un diputado de la oposición, y los procesos que existen en Argentina.En el caso boliviano, admitió que se hizo un allanamiento a la empresa Creta y que se ha secuestrado información contable financiera y el precintado de 56 camiones con la finalidad de realizar una pericia de microaspirado.De igual modo, indicó que Sejas hizo una presentación espontánea ante el Ministerio Público y se puso a su disposición para prestar su declaración.No obstante, hasta la fecha no tienen respuesta del Ministerio Público.Tras el allanamiento, la empresa dejó de operar y cesó a 120 choferes. Creta tenía 90 camiones cisterna a disposición de YPFB.Con relación al proceso en Argentina, dijo que el caso se produjo por la subcontratación de otra empresa en el transporte de alcohol a Chile. En tránsito, vía Argentina, se detectaron 9 kilos de cocaína y se detuvo al chofer. Además, se hicieron pruebas de alcohol etílico. El conductor está detenido y, a raíz de ello, se inició una investigación contra el empresario Sejas, según su abogado.En cuanto a su patrimonio, explicó que Sejas obtuvo sus ganancias gracias a un préstamo bancario por un monto de Bs 42 millones, lo cual se puede demostrar que los camiones fueron comprados a través de un financiamiento. También oficializó que enjuiciarán al diputado Monasterio.Piden renuncia de AcháEl principal denunciante del caso, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio, expresó su satisfacción por la rescisión de contrato que realizó YPFB con Creta, denunciada por tráfico de sustancias controladas.No obstante, el parlamentario aún pide la renuncia del presidente de YPFB, Guillermo Achá, por presuntos nexos con las actividades ilícitas que realizó la empresa denunciada. Argumentó que Achá avaló y contrató a esta firma cuando fungía como gerente de Comercialización. Además, anticipó que viajará a Argentina a recabar más información de los casos de Sejas.“El Estado actúa bien al romper relaciones contractuales con la empresa, que tiene procesos pendientes con la justicia», sostuvo.Con relación a las declaraciones de Suárez, dijo que está dispuesto a someterse a las instancias legales que corresponde para llegar a la verdad.“He tomado conocimiento del caso por la vía legal. Estoy investigando. Hay nueve causas que tiene el señor Sejas en Argentina. Tenemos documentos legales, tratar de tapar el sol con un dedo y decir que estamos desinformados lo tendrá que demostrar en el proceso legal”, afirmó.Añadió que al iniciarle un juicio, también tendrán que hacerlo contra la Fiscalía argentina, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y contra el grupo especial de Inteligencia de Bolivia que da seguimiento al tema de lavado de dinero y del narcotráfico, y que ha solicitado a los tribunales bolivianos el inicio de una causa. La Fiscalía apenas comienza el caso