Erika Brockmann Quiroga
Tras 90 días de conflicto, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba comienza a visibilizar los efectos perversos de los radicalismos, la incapacidad en la gestión de controversias y una crisis institucional más profunda y grave que el hecho desencadenante del conflicto. La dirigencia estudiantil, calificada de ‘trotskista’, logró sumar el apoyo de la opinión pública al demandar la reversión de la resolución que titularizaba a docentes habilitados de manera extraordinaria “sin examen de competencia reglamentario”. Al llevar al extremo su lucha por agudizar las contradicciones del sistema universitario, poco importan los daños asociados al futuro de proyectos de investigación clave y al costo que esta situación representa para el país las familias afectadas.¿Por qué una universidad cuya calidad estaba relativamente certificada dejó pasar tanto tiempo sin aplicar los procedimientos reglamentarios de titulación docente? Sabemos de la presencia de docentes extraordinarios con méritos y prestigio probado que no eludirían el reto de regularizar su situación. ¿Por qué no se revocó oportunamente la resolución cuestionada para desactivar el conflicto, que encontró caldo de cultivo para prolongarse bajo la conducción de una minoría efectiva y radicalizada? A excepción de algunas facultades que cursan con relativa regularidad el semestre, no parece efectivo basar la estrategia de resistir a título de hacer respetar la autoridad constituida, hoy desbordada y que no termina de asumir una vocería asertiva en el marco del conflicto.Si la función suprema de la educación superior ‘pública, gratuita y de calidad’ es formar recursos humanos que respondan a los desafíos integrales del desarrollo del país, ¿cómo entender el pobre rendimiento en términos de egreso y de titulación, y la prolongada permanencia de estudiantes, entre ellos dirigentes? Nadie se sincera frente al insólito argumento que señala que la universidad pública cumple la ‘función social’ de retener población que, en otras circunstancias, engrosaría las filas de desocupados en un país incapaz de generar empleo suficiente.No es justo que, a título de paridad, alumnos mediocres tengan la prerrogativa de calificar a docentes, ¿acaso no debieran hacerlo los mejores? La reforma intelectual, académica, institucional y ética es imperativa en tiempos de cambios sociales y económicos en el marco de una prolongada bonanza e inyección de ingresos extraordinarios al sistema universitario. Definitivamente, los daños del conflicto no son colaterales, reflejan deficiencias fundamentales que muchos prefieren soslayar.El Deber – Santa Cruz