Marcelo S. Dabdoub Peña
El Estado es una institución de lo moderno. Sus inicios se remontan en Italia con el Tratado de Lodi de 1454. En España, Francia e Inglaterra alcanzó su madurez durante el siglo XVII.Es por eso que Gianfranco Poggi, con una pizca de humor, sostiene que el uso del término “Estado moderno” es tautológico, pues el Estado es moderno por naturaleza.Con el advenimiento del Estado se iniciaría un proceso de monopolización del uso de la fuerza. No para garantizar la existencia de la sociedad y su seguridad como sus precursores lo recitaban, sino para garantizar la supervivencia del mismo Estado. Desde ese día comenzaría la disputa entre los defensores de la libertad (y el derecho a la auto-defensa) y los que favorecían al crecimiento del Estado y de sus poderes.El Estado es recurrentemente adversario del libre mercado y de la libertad. Siendo este caso un magnífico ejemplo.El acto de concentrar el uso de la fuerza, desarmando a sus habitantes y prohibiéndoles el uso de la misma, salvo ciertas excepciones, no solo es un beneficio para el Estado. Es una inmensa responsabilidad: proveer de seguridad a sus habitantes dentro de un territorio.Pero como ocurre con todos los monopolios, con el pasar del tiempo la calidad de los servicios, en este caso los de seguridad, disminuye al no existir incentivos que los obliguen a mejorar. Diferente es esta realidad cuando existen competidores en el mercado de seguridad ciudadana: Policías departamentales y/o municipales bajo el control absoluto de los niveles de gobierno correspondientes, cooperativas de seguridad ciudadana, empresas privadas con facultades análogas a las de la policía estatal, etc.¿Qué pasó en Bolivia?, ¿son realmente los policías bolivianos tan malos?A finales del siglo pasado, una ola de populistas ascendió al poder en muchos países latinoamericanos definiéndose como el “Socialismo del Siglo XXI”. Auto-denominación que no deja de ser curiosa por la contradicción entre el ambicioso nombre y la ideología detrás de éste. Más que aportar innovadoras ideas para el siglo XXI, siguieron predicando ideas que fueron gestadas en el siglo XIX.Una característica lamentable de este grupo es el reiterativo delirio de persecución sobre supuestos golpes de Estado por parte de adversarios políticos, clases adineradas, estadounidenses y otros.La consecuencia fue una concentración aún mayor del uso de la fuerza en sus territorios a través de un sinnúmero de medidas que garantizaron la seguridad del poder ejecutivo del Gobierno central, no la de sus ciudadanos.En Bolivia, una medida de esta naturaleza fue la reforma a la tenencia de armas para defensa personal. Si bien es cierto que la necesidad de una licencia es de carácter imperativo, el agotador trámite y los absurdos requisitos hacen fácticamente imposible obtenerla.El Decreto Reglamentario de la Ley de Control de Armas establece en su Art. 60 inc.2 lit.a que para la obtención de la licencia de armas de fuego individual para defensa personal (Clase A), se debe presentar una “justificación documentada de la situación de inseguridad extraordinaria”. La redacción de esta norma coloca al ciudadano común a la merced de decisiones arbitrarias por parte del Ministerio de Gobierno: Solo este ministerio sabe cuándo y bajo qué parámetros la inseguridad es de carácter “extraordinario”. Adicionalmente, documentar esta inseguridad es un requisito absurdo si consideramos que el 99 por ciento de los crímenes no son “anunciados”. Sería también interesante saber cuántos ciudadanos en Bolivia han obtenido esta licencia.Una lectura atenta de la Ley de Control de Armas y sus reglamentos ratifica que el fin prioritario de estas normas no son la seguridad del ciudadano, sino la del Gobierno central.En el ensayo “Guerra, Paz y el Estado” señala el intelectual americano Murray Rothbard: “mientras que un Estado y sus servicios de seguridad menos defiendan a los habitantes de su territorio contra los ataques de criminales, estos habitantes más se darán cuenta de la ineficiencia de los servicios estatales, y más acudirán a métodos de defensa no-estatales. Este fracaso en defenderlos tiene, por lo tanto, un valor educativo para el público.” Pero este valor educativo no está reservado para el ciudadano respetuoso de la ley. También se puede formular desde otra perspectiva: mientras que el Estado menos defienda a sus habitantes, más se darán cuenta los delincuentes de la posibilidad de cometer actos delictivos sin sufrir represalias por parte del Estado. Entonces, la probabilidad de que el crimen aumente es mayor.El actuar del nivel central del Estado pertenece al teatro de lo absurdo: En Bolivia los servicios de seguridad ciudadana son pésimos. Por otro lado, reformas como la anterior quitaron la capacidad de los privados de auto defenderse y de acudir a métodos de defensa no-estatales. En síntesis, el Estado no defiende a sus habitantes. Pero también hace lo imposible para obstaculizarles la autodefensa. Mientras tanto, el mercado negro de armas (para criminales) sigue intacto, es más, ha sido promovido con estas reformas.El extremo monopolio de este nivel -las Gobernaciones y los Municipios no tienen responsabilidad- sobre los servicios de seguridad en el país ocasionó el fracaso en la lucha contra el crimen. Y el nivel central del Estado reaccionó concentrando aún más el uso de la fuerza en el territorio nacional. De esta manera se creó, al igual que en Venezuela, un círculo vicioso que cada vez es peor.Si la sociedad boliviana quiere ver la evolución del crimen en su territorio, no tiene que buscar muy lejos. Caracas se ha convertido en la capital del mundo en homicidios, gracias a medidas que el nivel central en Bolivia copiosamente ha imitado de sus pares venezolanos. Todo esto por supuestos golpistas.Si buscamos culpables, quizás es equívoco apuntar a la Policía Boliviana o al aparato judicial.Responsables son el desastroso diseño institucional que el Gobierno central en La Paz les ha otorgado y la lamentable legislación de la Asamblea Legislativa de ese nivel en materia de seguridad ciudadana.La Policía Boliviana no debería estar interesada en la descolonización, sino en su descentralización institucional y el empoderamiento de los ciudadanos. De esta manera podrían alcanzar una profesionalización de sus servicios y mejoras en las condiciones de trabajo, sueldos y jubilaciones. Y lo más importante: podrían reenfocar sus funciones de una institución que protege al poder ejecutivo del nivel central del Estado a una que protege a los habitantes de su país. En ese momento se harán merecedores del respeto y confianza de la sociedad.Porque mientras que ayer los acusaban de tener sobrepeso o ser corruptos, mañana… ¿de qué los acusarán o procesarán?