Quedan poco más de 2,6 millones de hectáreas, pero aún no ha terminado el saneamiento. Habrá más seguridad jurídica, pero también más presión
La tierra está por acabarse. Jorge Gómez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó de que en seis años toda la tierra fiscal que se encuentre en el proceso de saneamiento será repartida a comunidades y campesinos que la trabajen personalmente. Así, entre cuatro y seis millones de hectáreas encontrarán miles de dueños, que tendrán derecho a tener una parcela de 50 hectáreas. Esto, para analistas y productores, significará un gran paso para el país, ya que habrá seguridad jurídica para los propietarios de predios, un catastro rural ordenado, se podrá atraer inversión extranjera, generar mayor producción de alimentos y dejar de ver a la tierra como un problema político o social para pensarlo como un hecho económico.
Sin embargo, dudan de que el INRA termine el proceso de redistribución de tierras en seis años, pero Gómez asegura que en 2015, hasta el 26 de agosto, ya se han distribuido 300.000 hectáreas y llegarán a 500.000 hasta el 31 de diciembre. El director del INRA asegura que la redistribución de tierras comenzó cuando el Movimiento Al Socialismo llegó al Gobierno. Antes del MAS solo se habían redistribuido 36.834 hectáreas y durante el Gobierno de Evo Morales ya se repartieron 2.350.000 hectáreas que beneficiaron a más de 26.000 familias.
En carpeta
Según explica Gómez, hoy hay poco más de 2,6 millones de hectáreas de tierra fiscal disponible. El sábado de la anterior semana, el presidente Morales dijo a los cocaleros de Chapare que no hay necesidad de invadir los parques nacionales, que hay suficiente tierra para ser dotada en Santa Cruz y otros departamentos del oriente.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Gómez explica que cualquier campesino puede solicitar tierra de forma comunitaria, con un límite de 50 hectáreas por familia, ya sea intercultural (colonizador) o parte de una comunidad campesina o indígena. Además aclaró que en Santa Cruz actualmente hay unas 900.000 hectáreas de tierra fiscal y que en septiembre se entregarán títulos a nuevas comunidades indígenas en la zona de Velasco (San Rafael y Santa Ana).
“Estamos tratando de redistribuir la tierra de la manera más correcta posible. No nos prestamos al tráfico de tierras. Queremos entregársela a la gente que produzca y que trabaje. No a todos le vamos a dar tierra. Al médico profesional no le podemos dar tierra, porque su función es otra, su rol en la sociedad es otro. Queremos que la tierra sea para la gente que se vaya a vivir al campo”, dice Gómez.
Toda la explicación del director del INRA se traduce en una sola frase de Evo Morales, dicha durante el tiempo de la Asamblea Constituyente: “La tierra es para quien la trabaja personalmente”.
Para Alcides Vadillo, exdirector del INRA y miembro de Fundación Tierra, la mayor parte de las parcelas dotadas por esta gestión están en Pando y Santa Cruz, pero el problema es que los nuevos asentamientos están en zonas de producción forestal permanente. “Al dotarles solo 50 hectáreas, lo están condenando a ser agricultores, una actividad que no corresponde al lugar donde han sido asentados”, explica. Vadillo cree que el país no ha superado la lógica agrarista que no le da valor al bosque, que lo ve como un obstáculo para ser derribado y habilitado como zona de cultivo, sin entender la economía de la madera ni los servicios ambientales que pueden ayudar a manejar el cambio climático.
“La responsabilidad del Estado no debe acabar con la dotación de la tierra, sino que debe haber una asesoramiento técnico, entregar recursos económicos y dotar de infraestructura básica para que el beneficiario pueda hacer censos e inventarios de árboles, un plan de manejo forestal a largo plazo. De otra forma lo estamos condenando a chaquear”, señala.
Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Carlos Mesa, asegura que el problema es que el INRA no maneja cifras claras y que gran parte de la tierra que se está redistribuyendo no proviene de recortes a predios improductivos, sino que se trata de concesiones forestales en las provincias Velasco, Ñuflo de Chávez y Chiquitos, que están siendo reconvertidas al uso agrícola. Es más, el exministro y analista considera que el actual proceso de saneamiento está incurriendo en los mismos problemas que llevaron a la reforma agraria del 96, previa intervención del Instituto Nacional de Colonización y del Consejo de Reforma Agraria en 1992.
Para Demetrio Pérez, expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la culminación del proceso de redistribución de tierras es un paso fundamental. Cree que en algún momento no habrá más tierra, que toda estará titulada, como sucede en otros países, con ello habrá más seguridad jurídica y una visión que busque optimizar los recursos y hacer que el hombre pueda subsistir de sembrar la tierra. Cree que será el momento donde el mercado regule el precio de la tierra. Para cuando se acabe la tierra para redistribuir, el Estado aún tendrá unos 18 millones de hectáreas de tierra fiscal. Ahí están los parques nacionales, las concesiones forestales y algunas hectáreas de proyectos estratégicos. “Eso no se va a tocar”, promete Gómez
Fuente: eldeber.com.bo