En la provincia de Buenos Aires existirían al menos tres mil talleres clandestinos con treinta mil trabajadores, la mayoría de ellos de nacionalidad boliviana.
EL PAÍS, Tarija, BoliviaJORGE SALOMÓN/ EL PAÍS EN/ BUENOS AIRESEn el último mes ocurrieron al menos cuatro incendios sucedidos en talleres textiles en Buenos Aires, en el más grave de ellos en Villa Lugano, dos niños, uno de tres años y su hermanito de 11 meses sufrieron quemaduras. El más pequeño perdió los dedos de una de las manos, además de tener el 40 por ciento de su cuerpo con quemaduras.Sobre el problema, el clima electoral que vive el vecino país hizo que desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pongan mayor celeridad en la clausura de talleres no habilitados; así se multiplicaron los allanamientos, y por ejemplo en uno de los talleres se confiscó maquinaria pero a pesar de esto continuaba funcionando.Transcurrió un tiempo y las alarmas se activaron nuevamente tras el incendio ocurrido el pasado 27 de abril en la calle Paéz del barrio Flores, donde se tuvo que lamentar la muerte de dos niños. Ante este hecho miembros del colectivo “Simbiosis Cultural”, conformado principalmente por bolivianos e hijos de bolivianos, impulsaron la creación de la Asamblea Textil de Flores, compuesta por organizaciones, colectivos y vecinos movilizados.Según señalan sus miembros la tragedia llamó nuevamente a la reflexión sobre esta problemática, que involucra principalmente a residentes bolivianos que trabajan en estos talleres. Los activistas recomendaron poner atención a cómo funciona el circuito de producción, comercialización formal e informal.Se denunció a grandes marcas implicadas, en las que están involucrados muchos actores; desde los costureros que trabajan entre 12 y 14 horas diarias y ganan una mínima parte de las prendas que cosen, pasando por los dueños de los talleres, los intermediarios y hasta las grandes industrias textiles que son las que reciben mayor beneficio económico con la reproducción de este sistema.Juan Vásquez, líder de “Simbiosis Cultural” relató al País eN que la problemática salió a la luz y conocimiento de la sociedad bonaerense hace nueve años, tras un incendio donde murieron seis personas. En esos tiempos esto generó una serie de allanamientos y muchos costureros quedaron en la calle y sin dinero.Tras ese hecho, se conformó la Coordinadora de la Colectividad Boliviana en Argentina, sin embargo paradójicamente el pedido de muchos trabajadores fue la protección de este sistema de trabajo, puesto que argumentaban que “no eran esclavos sino trabajadores” y que ésta era una oportunidad laboral. De ahí la mirada de un sector de la colectividad se dirigió a defender los talleres textiles y su funcionamiento; pero tras el cese de los allanamientos estructuralmente no se modificó nada.Por varios años los talleres continuaron funcionando igual, en medio de una “cadena de favores” y el “secreto” de los bolivianos, cuya mayoría decidió encubrirlos. Todo se mantuvo tras una cortina de humo hasta este nuevo incendio que volvió a poner el tema en agenda.Del secreto a la denuncia“Era complicado denunciar, la forma y situación en la que están trabajando estos talleres, sobre todo porque todos tenemos algún familiar o amigo que trabaja en un taller textil, además como colectivo pensamos que el cierre de los talleres no es una solución porque sólo se modifican de lugar. En lo que fuimos trabajando fue en que los costureros salgan del taller y reclamen mejores condiciones laborales” enfatizó Vásquez.Resaltó que se trabajó con distintos jóvenes costureros para que entiendan la problemática y reclamen sus derechos. Considera que esa es la mejor forma de que no se reproduzca el sistema, ya que la mayoría-según asegura- tiene la expectativa de convertirse en tallerista, naturalizando las duras condiciones de trabajo a las que son sometidos.Actualmente La Asamblea Textil de Flores apunta a avanzar en dos aspectos fundamentales, por un lado la organización de los costureros para que reclamen el respeto de sus derechos laborales y por otro lado buscan apoyar con asesoramiento a los talleristas. El objetivo es que puedan tener sus talleres habilitados funcionando de acuerdo a las exigencias de la ley. Destaca que este trabajo ya fue realizado con cerca de 25 talleristas.En un manifiesto publicado por la Asamblea Textil, señalan que no se trata de un problema únicamente de bolivianos, costureros y trabajadores textiles sino que inmiscuye a diversos sectores de la sociedad: tanto empresariales, políticos, policiales y de control estatal.“El trabajo sumergido se diferencia de lo legal por una frontera regulada por el beneficio y la explotación, además está nutrido por el esfuerzo y aspiraciones de progreso de los y las migrantes, que se transformaron en un poderoso motor económico. Éstos a su vez naturalizan la sumersión y toleran condiciones riesgosas y muy duras de trabajo”, explica Vásquez.La Alameda en contra del trabajo esclavoDe acuerdo a los datos de la Fundación La Alameda existirían cerca de tres mil talleres clandestinos con treinta mil trabajadores. La existencia de éstos fue denunciada por esta organización durante los últimos 10 años; empero no se conoce exactamente cuántos talleres más funcionan en estas condiciones en la provincia de Buenos Aires.La Alameda es una organización no gubernamental (ONG) que entre otras temáticas ha trabajado para cambiar las condiciones de trabajo en los talleres textiles, y erradicar el trabajo esclavo denunciando; rescatando y reinsertando a trabajadores textiles en su mayoría de nacionalidad boliviana.En una entrevista exclusiva con El País eN, Lucas Manjon, coordinador de la red Antimafia e integrante de la fundación La Alameda señaló que existen diferentes grados de explotación de las personas que trabajan en estos talleres. Destacó así que hay personas que son reducidas a la servidumbre y son víctimas de trata, traídas principalmente desde Bolivia, y que viven en el mismo lugar donde trabajan.Detalló que hay otras que realizan un trabajo forzoso, pero que no viven en el mismo lugar donde trabajan. Sin embargo en ninguno de los casos tienen derechos laborales que los puedan defender.Explica que la cantidad mínima de horas de trabajo es de 12 horas, habiendo sistemas como de 7 de la mañana a 9 de la noche, también está el sistema de “cama caliente”, donde una persona trabaja 12 horas, mientras la otra duerme.“La situación en la ciudad de Buenos Aires es muy grave y es necesario plantear soluciones integrales, por ejemplo a los talleres denunciados. No hay forma de controlarlos, por la cantidad de visitas que se necesitaría y personal disponible” enfatizó.Manjon agregó que por ejemplo la feria “La Salada” de Lomas de Zamora factura 150 millones de pesos por día y se sustenta en 30 mil talleres clandestinos sin ningún control que frene las condiciones de explotación a las que son sometidos los costureros. Éstos abastecen el gran mercado negro e informal.La tragediaLos incendios que se conocieron en el último mes no serían un hecho aislado y más bien serían cotidianos e inherentes a las malas condiciones en las que están instalados estos talleres, con conexiones precarias e ilegales. Sobre todo poseen una fuerte carga de electricidad proveniente de las máquinas que necesitan grandes cantidades de energía, principalmente en cambios de temporada, donde se trabaja sin parar.Por otra parte, las situaciones de enfermedades como la tuberculosis, ocasionada por la falta de higiene y problemas psicológicos de los talleristas se dan todo el tiempo. Una de las causas es por el miedo que se les infunde a muchos de ellos para que trabajen sin causar problemas, también está presente el trauma de trabajar constantemente encerrados en un lugar.“Nosotros hemos trabajado para que el Estado regule toda esta situación, pero no regularizando a los talleres clandestinos, sino proponiendo que se audite la cadena de producción de las grandes marcas y se controle el origen de su producción, además de exigirles que sus prendas se costuren en las mismas fábricas y todos sus trabajadores aparezcan en planillas” explicó Manjon.Suman esfuerzosEn otro esfuerzo y desde el trabajo legislativo que realiza Gustavo Vera, Titular de la Alameda, y legislador de la ciudad de Buenos Aires, se propuso una ley de auditoría de marcas, que garantice que no utilizan trabajo esclavo en su proceso de producción. Sólo de esta manera tendrían la habilitación para comercializar sus productos.Por ahora esta acción es voluntaria a nivel nacional y está liderada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sin embargo, lo triste es que ninguna empresa se adhirió; en este sentido aclaran que mientras las grandes marcas no se hagan responsables de garantizar un trabajo digno a los costureros en sus fábricas y los introduzcan como trabajadores de planta, la problemática no frenará nunca.En este sentido La Alameda impulso junto a INTI y el gobierno de la ciudad, la creación de un polo textil en la zona de Barrancas, con máquinas industriales incautadas para que capaciten, asesoren y controlen el trabajo de las cooperativas textiles. Posteriormente se crearon siete cooperativas más conformadas por cien personas que en su mayoría salieron de talleres clandestinos, como el caso de Camperas Lacar, que fabrica chamarras de cuero.La Alameda propone que se incauten las máquinas de los talleres clandestinos y se creen cuatro polos textiles en cada uno de los puntos cardinales de la ciudad, volcando estos equipos al polo textil. El objetivo es que todas las personas que sean rescatadas puedan ir a trabajar ahí, mediante cooperativas y mecanismos que genere el Estado.La cadena de producción favorece la ganancia de las grandes marcasDe acuerdo a lo que explican miembros de la Asamblea Textil de Flores, las grandes marcas terciarizan su trabajo a través de intermediarios que entregan las prendas a los talleres para que sean costuradas ahí y luego entregadas. Con esto abaratan costos, empleando mano de obra calificada y sin tener ninguna responsabilidad sobre los trabajadores y sus condiciones de trabajo.El intermediario que es contratado por la fábrica lleva las prendas a diferentes talleres que por el trabajo cobran entre el 2 ó 3 por ciento del valor de la prenda y este porcentaje se divide en tres, una parte es la ganancia del tallerista, otra es para los gastos de operación y la tercera para el costurero.En este sistema el tallerista termina protegiendo a la marca que le da trabajo y el taller generalmente no regulariza su situación legal de funcionamiento, porque si lo hace pierde un porcentaje de ganancia, puesto que debe cubrir los aportes al seguro social de los costureros. Éste es el motivo por el que se mantiene lo más escondido posible y termina en lo que se conoce como talleres clandestinos.En otro aspecto, el costurero trabaja por prenda y para tener mayor ganancia, debe generar más prendas, por tal motivo se alargan las jornadas de trabajo, hasta 14 horas inclusive. Si es que todo estaría regularizado el margen de ganancia para el tallerista y por ende los ingresos para el costurero serían mucho menores.En este contexto la Asamblea Textil de Flores plantea que el fabricante se haga cargo de todos estos gastos, de aportes del trabajador y seguro social, “sobre todo porque cuando el tallerista quiere regularizar, tiene que levantar los precios de cuánto le cobra al fabricante, y éste busca otro taller, sin importar si están habilitados o no, pero les cobran menos y así continua teniendo grandes ganancias”, explican los miembros de la Asamblea Textil.