Sandro Pozzi
Técnicos en la fábrica de General Motors en Figueruelas / EFE
General Motors tiene negociado un pacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el que pagará cerca de 1.000 millones de dólares para zanjar la investigación por los accidentes mortales que provocó un defecto en el sistema de arranque. El mayor fabricante de coches de Detroit es acusado de defraudar al consumidor por ocultar este grave problema de seguridad que causó más de un centenar de muertes, para así proteger su cuenta de resultados.
La sanción impuesta a GM, que se formalizará previsiblemente este mismo jueves, es inferior a los 1.200 millones de multa a la japonesa Toyota por el caso de la aceleración inintencionada de su modelo híbrido Prius. El fabricante de coches estadounidense admitirá además los errores cometidos en todo el proceso, que acabó forzándole a realizar una llamada a revisión en masa que afectó a 2,5 millones de vehículos afectados y a registrar importantes cargas financieras.
GM tardó más de una década en emitir una orden de revisión de los vehículos afectados por el problema en el sistema de arranque fabricado por Delphi. Los coches se vendieron entre 2003 y 2007, y muchos de ellos seguían circulando por las carreteras de EE UU. El defecto provocaba que el motor de los vehículos se apagaran viajando a gran velocidad o por un terreno irregular, lo que desactivaba a su ver la dirección asistida, los airbags y otros componentes.
La legislación federal obliga a todos los fabricantes de coches que operan en EE UU a comunicar con la mayor rapidez posible cualquier defecto técnico que detecte en sus vehículos y que pueden poner en riesgo la vida de sus ocupantes. El Departamento de Justicia considera, por tanto, que GM se saltó deliberadamente la letra de la reglamentación porque sabía del problema años antes de que se reportara al público y hacer caso omiso a las quejas de los propietarios.
El fabricante limitó inicialmente las muertes a poco más de una decena, por una treintena de accidentes. Pero las investigación dirigida por el reputado abogado Kenneth Feinberg, el mismo que administró el fondo a las víctimas de los atentados del 11-S, elevó la cifra final a 124 fallecidos y 273 heridos en los siniestros. El plazo para solicitar una compensación por esa vía finalizó el pasado 31 de enero. Además, hay una serie de demandas en paralelo.
Asistencia a las víctimas
Mary Barra, que asumió el puesto de consejera delegada dos semanas antes de que estallara el escándalo, dejó claro desde el primer momento que la compañía no se pondría límites financieros para asistir a los familiares de los fallecidos. El pago mínimo por las reclamaciones probadas es de un millón de dólares, de acuerdo con los parámetros establecidos por Feinberg, cantidad a la que se sumará el daño económico provocado a personas dependientes.
Barra se puso al frente de GM prometiendo que los coches que salieran de la cadena de ensamblaje serían seguros y de calidad. Por eso no dudó en tomar el control de la situación, excusándose primero en público y llegando a testificar incluso ante el Congreso de EE UU para explicar lo sucedido. Además, depuró responsabilidades de inmediato en el seno de la compañía y adoptó medidas para evitar que se repita un caso similar en el futuro.
La sanción final es inferior a la prevista hace un año, porque se considera que GM cooperó de manera plena durante toda la investigación. Del total que se compromete a desembolsar, unos 500 millones de dólares se abonarán al Departamento de Justicia y el resto se destinará a compensar directamente a los familiares de las víctimas y las personas heridas, de acuerdo con los términos fijados por Feinberg en el proceso de reclamación paralelo.
Fuente: elpais.com