El exdirector del Fondo Indígena de Bolivia, Marco Antonio Aramayo, denunció que las organizaciones indígenas presionaron para la designación de directores.Denuncian que Rodolfo Machaca y Juanita Ancieta presionaban para beneficiarse con proyectos del exFondioc
ANF / Página Siete / La PazEl exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, denunció que Rodolfo Machaca, Juanita Ancieta y otros dirigentes recurrían a la violencia física y psicológica para favorecerse con proyectos. «Rodolfo Machaca, Ever Choquehuanca, Juanita Ancieta, Hilarión Mamani ejercían violencia física, iban con su chicote al Fondo Indígena, ejercían violencia psicológica y violencia verbal, ellos eran dueños del Fondo Indígena», afirmó Aramayo.El exdirector dijo que fue tanta la presión que llegó a ser «un empleado» más de los dirigentes, porque no emitía ninguna opinión y cumplía órdenes que pedían la aprobación de proyectos, lo cuales no han sido ejecutados. Aramayo señaló que solo se limitó a cumplir órdenes del directorio y de autoridades de las organizaciones indígenas, quienes ahora no dan la cara para explicar las distintas irregularidades. «Fui un soldado que recibía órdenes del directorio y del bien superior, yo en el Fondo Indígena no era el comandante, había un directorio y había una presidenta de este directorio (que ordenaba)», argumentó.También indicó que las organizaciones indígenas presionaron para la designación de directores. El imputado lamentó que los jueces y fiscales posterguen continuamente la audiencia cautelar para esclarecer las irregularidades que se cometieron en la administración de recursos y ejecución de proyectos del Fondo Indígena.El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, pidió que los 63 procesos que pesan sobre su cliente se unifiquen, sabiendo que en 2014 la Contraloría solo observó cuatro proyectos, y donde muchas de las denuncias cayeron en saco roto porque fueron mal aperturados. En esta jornada, tres comunarios de Corocoro, de la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz, fueron detenidos preventivamente en el penal de San Pedro por el delito de enriquecimiento ilícito en el caso del Fondo Indígena. Los dirigentes recibieron del Estado medio millón de bolivianos para la construcción de una carpintería, pero solo construyeron un tinglado y no existe ni la carpintería ni los materiales para su funcionamiento.