Desde que se aprobó la Ley contra la violencia hacia las mujeres, en marzo de 2013, se registraron 302 feminicidios.
La directora del CIDEM, María Elena Guzmán, recordó que la Ley 348 contempla la declaratoria de alerta nacional justamente para tomar medidas de excepción ante una situación que por lo visto está escapando a las posibilidades de control de las instancias estatales y de todos los mecanismos de vigilancia social.
En declaraciones a ANF, reportó que según los datos del Observatorio de Exigibilidad de la Defensoría del Pueblo, de los 87 feminicidios registrados a nivel nacional hasta el 15 de octubre, 27 fueron cometidos en Cochabamba, 24 en La Paz y 15 en Santa Cruz. El resto, en Potosí (6), Oruro (5), Chuquisaca (2) y, Beni y Pando uno.
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Guzmán dijo que es posible pronosticar que será otro año trágico para las mujeres, pues se advierte una tendencia creciente en materia de feminicidios. El 2014 se registraron 102 casos, el 2015 un total de 114 y de continuar la tendencia de este año es probable que se superen estas cifras.
Añadió que los datos históricos muestran que en dos años y medio, desde marzo de 2013 fecha en que se aprobó la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia hasta mediados de octubre, suman 302 feminicidios.
Dijo que más allá de las cifras, hay que tomar en cuenta que las víctimas son cada vez más jóvenes, asesinadas a manos de sus enamorados luego de denunciar la violencia y exigir medidas de protección de las instancias estatales. Â
Los datos muestran que el rango de edad de la mayoría de las víctimas de feminicidio es de 21 a 30 años. En el 30 por ciento de los casos la muerte sobrevino luego de una violación.
Y mientras las víctimas suman y siguen, puntualizó la directora del CIDEM, la retardación de justicia es una constante en los procesos. Los datos extraoficiales que conocen dan cuenta que en los últimos dos años y medio, desde la promulgación de la Ley 348 que tipifica el delito de feminicidio, sólo se han emitido 30 sentencias, lo que equivale a un 10 por ciento del total.
Añadió que aunque el feminicidio es un delito de acción pública, el Ministerio Público no actúa de oficio para sancionar a los culpables, al contrario, se conocen muchos casos de abandono de los procesos por el vía crucis a que son sometidas las familias de las víctimas en los estrados judiciales, lo que advierte sobre el riesgo de que estos delitos queden en la impunidad.
Por todo este panorama, Maria Elena Guzmán asegura que es urgente la declaratoria de alerta nacional extremo contemplado en la Ley 348 justamente para adoptar medidas extremas de protección para salvaguardar la vida de las mujeres en situación de violencia, dotar de recursos extraordinarios a las instancias responsables de promover políticas y acciones de prevención y sensibilización.
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Fuente: noticiasfides.com