Maggy Talavera¿Recuerdan la denuncia presentada por la vocera de las presas en la cárcel de Palmasola al papa Francisco durante la visita que él hizo al penal cruceño? En Bolivia, ella le dijo: “Es más conveniente contratar a un juez y a un fiscal prevaricador y corrupto antes que a un buen abogado”. La revelación fue grave, pero no generó asombro ni indignación entre las autoridades presentes, ni revueltas en la sociedad, salvo algunas declaraciones verbales dirigidas más a alimentar el show mediático que a la toma de decisiones concretas para ir al fondo de la denuncia, dar con los corruptos y defenestrarlos. Fue como oír llover.Así fue por una razón muy simple: lo dicho por Analía Parada en julio pasado no era ni es una novedad para esa numerosa población que acude a diario a los organismos policiales, a las fiscalías o a los juzgados en busca de justicia. Es un público que se somete también a diario a obstáculos, presiones, chantajes y extorsiones continuas, antes de lograr atención –si acaso lo logran–. A veces no se necesita llegar al fiscal o al juez para verse obligado a sacar unos pesos para agilizar trámites, ya que la pedidera comienza en los mandos inferiores, sea en secretarías o fotocopiadoras.Si acaso alguien se ha librado de meter la mano en el bolsillo para ‘aceitar’ los engranajes de la justicia, seguro conoce o ha escuchado uno o más testimonios de extorsión, como el que acaba de revelar la mamá de un joven acusado por acoso sexual o el de un religioso colombiano extorsionado por presentar doble identidad.Como las denuncias son públicas y no de políticos, ha habido una inusitada reacción en los mandos superiores, que han ordenado la inmediata destitución y procesamiento de los denunciados. No siempre es posible lograr esa respuesta, como bien lo saben quienes continúan aguardando atención a sus denuncias por extorsión en los diferentes niveles de la administración de justicia.Por supuesto que hay que aplaudir la rápida intervención de los mandos superiores, así sea solo para sancionar por ahora a un par de extorsionadores. Pero es muy importante exigir que la acción vaya hasta las profundidades del mar de corrupción en el que se ahogan miles de litigantes, y no se contente con atacar apenas la punta del iceberg. Una punta, además, que excluye con anticipación cualquier excepción relacionada a procesos judiciales que involucra a activistas políticos.El Deber – Santa Cruz