La Defensoría del Pueblo identificó al menos 12 problemas que tienen que sobrellevar los ciudadanos para acceder a los servicios de salud en el país, de acuerdo a una investigación elaborada en septiembre de 2015 en nueve hospitales públicos y 11 de la Caja Nacional de Salud (CNS) de ocho departamentos. Los resultados fueron presentados hoy.
Desconocimiento de la ley y sus reglamentos; limitada socialización, difusión, capacitación e información; problemas en las referencias y formularios; excesiva demanda de pacientes; retraso en los desembolsos por los gobiernos municipales; y deficiencias en los primeros niveles de atención son problemas incluidos en el informe divulgado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
«Existe una sobrecarga laboral y excesiva demanda de servicios debido a la cantidad de asegurados, beneficiarios y usuarios que supera la capacidad de atención de los centros verificados, lo que ocasiona que algunos centros de salud deban rechazar la atención por la falta de espacio, de camas disponibles, de médicos y de especialistas”, menciona el documento.
«En algunos casos habilitan colchonetas para la atención o improvisan ambientes y oficinas para este fin», acotó Villena.
Más del 50% del personal de los hospitales visitados desconoce los alcances de la Ley 475, referente a las prestaciones de servicios de salud integral, y sus reglamentos, así como las prestaciones que otorga y el procedimiento de atención. El desconocimiento es mayor en los hospitales de la Seguridad Social, según señala el informe.
También se alude a la tardanza en los desembolsos de los municipios a los centros de salud por atenciones y medicamentos, que en algunos casos supera los cinco meses. Sin embargo, el estudio menciona que este retraso se debe, en parte, a errores de los propios centros que no demandan el pago en los plazos establecidos.
«Se conoció que muchos pacientes tuvieron que cancelar por algunos estudios, laboratorios y otros, así como por medicamentos”, indicó Villena.
Ley de Salud
El Defensor recordó que la Ley 475 beneficia a mujeres embarazadas; a niñas, niños menores de cinco años de edad; a mujeres y hombres a partir de los 60 años y a personas con discapacidad, con un total de 780 prestaciones; de ellas, 612 son atenciones ambulatorias y de hospitalización, 110 de laboratorios, 46 exámenes de diagnóstico y 12 prestaciones de banco de sangre segura.
Otros problemas identificados son: incumplimiento del trato preferente; falta o insuficiencia de medicamentos y cobros adicionales por prestaciones.
El informe también menciona funcionamiento deficiente en el sistema de Redes de Salud de los primeros niveles de atención por no contar con personal suficiente, infraestructura, insumos y medicamentos que permitan una atención de calidad.
“En cuanto a la disponibilidad de medicamentos, ésta es insuficiente y existen limitaciones en la cantidad y calidad y la provisión gratuita no se cumple en su totalidad”, señala el documento.
El Defensor señaló que el acceso a la salud continúa siendo uno de los derechos más vulnerados e incumplidos en nuestro país y que es indudable que la salud en condiciones de accesibilidad, calidad y calidez, continúa siendo un privilegio en Bolivia.
“Para acceder a consultas de especialistas, es común que las personas enfermas deban esperar semanas o meses, e incluso todavía se pueden ver enfermos en los pisos de los hospitales esperando ser atendidos; en algunos centros de salud, se llega al extremo de rechaza la atención porque no hay espacios suficientes”, afirmó.