Erika Brockmann Quiroga“Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) me castigue, no importa”. Con estas palabras, el presidente Evo Morales desafió al cuarto órgano del Estado, reconocido por la Constitución. Lo hizo a la par que convocaba votar por el Sí y como respuesta a un nuevo reglamento para el referéndum constitucional del 21 de febrero que limita a 15 minutos la difusión de entrega de obras durante los últimos 30 días de campaña y prohíbe que los servidores públicos induzcan a votar Sí o No mientras cumplen sus funciones.Frente a ello, el Gobierno ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad alegando que esa disposición viola flagrantemente los derechos a la información que tienen los ciudadanos y a la libertad de expresión del primer mandatario. Estos argumentos son deleznables, razón por la cual el TSE se ha ratificado y ha enviado una diplomática nota a su excelencia exhortándolo a no reiterar similar provocación discursiva.El TSE quiso recordarle al primer mandatario que es una instancia autónoma, independiente y jerárquicamente igual a otros órganos del Estado. ¿Intento fallido? Probablemente. ¿Qué ocurriría si de la exhortación pasamos a la amonestación o a la sanción pecuniaria? Tal vez nada.Comparada con normas similares, la limitación reglamentaria boliviana es mínima y simbólica. Con estas medidas, los órganos electorales intentan corregir injusticias que inevitablemente favorecen a los partidos y candidatos en función de gobierno. Se pretende ponerle freno a una cultura política clientelista, al uso y abuso de recursos del Estado. El bien mayor a proteger es el pluralismo democrático.¿Viola la norma el derecho a la información? La propaganda no es información. La información no se coarta, fluye por otros medios públicos y privados. Por otra parte, ni el más ingenuo se traga la píldora de que se restringe el derecho a la libre expresión de un régimen hiperpresidencial. Con el sincero “meterle nomás”, pese a la ilegalidad de sus actos, demuestra que todo se puede.La amenaza a la libertad de expresión de la ciudadanía se define a partir de la deliberada restricción por parte del poder. Temo que el TSE no tendrá la fuerza suficiente para impedir que su excelencia persista con su agenda proselitista y línea discursiva, aun más allá de lo constitucional y éticamente permitido. Con su nota, el TSE parece disimular su propia impotencia –parcialidad para algunos– frente a la supremacía que ostenta el Órgano Ejecutivo y la omnipotencia presidencial del Estado Plurinacional.El Deber – Santa Cruz