Para algunos expertos, la capacidad del «Estado Islámico» para reclutar yihadistas podría ser un factor para reconsiderar la primera enmienda.
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza, entre otros asuntos, la libertad de expresión, al prohibir al Congreso norteamericano restringir la prensa o el derecho de los individuos de hablar con libertad. Esto, a menos que esa libertad signifique algún “peligro claro y presente”, es decir una amenaza real.
Para algunos académicos y expertos en seguridad estadounidenses, la capacidad que ha demostrado el “Estado Islámico” para reclutar yihadistas internacionales utilizando principalmente la web y las redes sociales, podría ser un factor para reconsiderar la Primera Enmienda.
“Nunca antes en nuestra historia habíamos tenido enemigos fuera de Estados Unidos con la habilidad de propagar genuinamente ideas peligrosas en territorio norteamericano de una forma tan eficiente, y con esto me refiero a ideas que lleven directamente a ataques terroristas que maten personas. La novedad en estas amenazas exige una reflexión sobre los límites de la libertad de expresión”, aseguró a La Tercera el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chicago, Eric Posner, uno de los columnistas que ha puesto el tema en la prensa de ese país.
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Estados Unidos se está tomando muy en serio este debate, al punto que se ha transformado en uno de los temas en la contienda electoral. Las propuestas de los principales candidatos a la Casa Blanca varían.
Según el diario The New York Times, el precandidato republicano Donald Trump, aseguró que el gobierno de Barack Obama debía acudir al creador de Microsoft, Bill Gates y a otros expertos de la tecnología para cerrar los sitios más peligrosos.
“Tenemos que hablar con ellos, tal vez en ciertas áreas, cerrar Internet de cierta forma. Alguien va a decir ‘oh la libertad de expresión, la libertad de expresión’ esa gente es tonta”, aseguró en diciembre el magnate.
A su vez, la precandidata demócrata Hillary Clinton, aseguró que el gobierno debería trabajar con los proveedores de servicios de Internet para cerrar las páginas web y también chat vinculadas a yihadistas.
Según el Times, esto sería constitucional si es que es voluntario, pero no si el gobierno presionara a las firmas privadas para que colaboren con la censura.
Clinton dijo a comienzos de diciembre que el “Estado Islámico” se había convertido en “el reclutador más efectivo del mundo” y que la única forma de combatirlo era a través de las compañías tecnológicas. “Van a escuchar todas las quejas familiares: ‘libertad de expresión”, aseguró Clinton, que por segunda vez en menos de dos semanas habló sobre este tema.
El debate fue alentado por los ataques en San Bernardino, California, a comienzos de diciembre, cuando dos sujetos armados se internaron en un centro de servicios sociales para discapacitados y causaron la muerte de 14 personas y dejaron a más de 21 heridos. El ataque fue reivindicado por el EI, que aseguró que los terroristas eran seguidores del grupo.
El suceso generó que los expertos en seguridad y algunos políticos llamaran a bloquear en Youtube videos que ayudaran a radicalizar a algunas personas, idea que no tiene el apoyo del sector tecnológico. “Las propuestas de que las empresas de Internet bloqueen las comunicaciones peligrosas han recibido alaridos de risa desde Silicon Valley”, explicó Posner.
Pero también hay académicos que se oponen a cualquier cambio constitucional. “¿Realmente queremos agentes del gobierno decidiendo qué sitios de Internet ‘glorifican, expresan apoyo o proveen estímulos para el EI´? Eso es demasiado resbaladizo para mi”, comentó a La Tercera David Post, del New America Foundation’s Open Technology Institute.
Fuente: La Tercera