Roger Mario López Justiniano*En la década de los 50 surgió en la ciencia económica una curiosidad teórica que parecía contradecir a la ‘mano invisible’ pregonada por Adam Smith y fue el famoso ‘dilema del prisionero’ el cual básicamente mostraba que los individuos, buscando su interés personal, eran conducidos a situaciones de menor bienestar respecto a las que podrían llegar, digamos, si cooperasen.Pronto se vio la importancia que un sistema judicial independiente, con reglas claras y eficientes podría –y de hecho, lo hace- solucionar este tipo de problemas obligando a que se cumplan contratos o compromisos que se realizan entre las distintas partes, en orden a alcanzar situaciones óptimas tanto sociales como privadas. Así, además de asegurar un orden social estable, un sistema judicial fuerte generaría mayor crecimiento económico por la vía de mejorar el resultado de las decisiones económicas.Sin embargo, un sistema judicial débil perjudicaría a la sociedad en la medida de que los individuos pueden tomar impunemente decisiones que perjudican a los demás. Una de ellas –y bastante problemática- es la corrupción que involucra al sector público y privado.La corrupción, nociva en sí misma por su capacidad para deslegitimar y devaluar las leyes –e incentivar a su incumplimiento- sería, además, reforzada por un elemento fundamental que incrementaría su alcance: la inversión pública. Éste ‘multiplicador de la corrupción’ es además fácil de utilizar debido al sesgo apriorístico proveniente de la teoría de que la ‘inversión causa crecimiento’, el cual es utilizado por políticos para incrementar su presupuesto en esta materia, especialmente para solventar proyectos políticamente visibles -empresas públicas, plantas de energías, aeropuertos, caminos, etc.- dejando de lado los políticamente invisibles como, por ejemplo, el mantenimiento o incremento de la eficiencia de los ya existentes (mejores sistemas de salud o incentivos a la educación).Este problema –corrupción, inversión pública y crecimiento- se abordó en Tanzi y Davoodi (1997) donde además se explicaba que, en el proceso de licitación de una obra pública a una empresa -ya sea nacional o extranjera- ésta tiene altos incentivos para pagar una ‘comisión’ al regulador a fin de ganar el proyecto. Estos ‘incentivos a coimear’ serían amplificados con la existencia de distintos pasos u estadios donde se deben tomar decisiones -por ejemplo, lugar del proyecto, tamaño, negociación de costos, duración, aprobación, etc.- fácilmente influenciables por parte de altas autoridades estratégicamente posicionadas.¿Y qué pasa en Bolivia? Algunos datos pueden dar una panorámica de la realidad. En primer lugar, el INE reporta que, mientras que el año 1998 la inversión privada representaba un 18% del PIB (punto máximo) y la pública un 5.4%, al 2013 se invirtieron los papeles, representando un 8.9% y 11.5% del PIB la inversión privada y pública respectivamente. En cuanto a su composición, entre el 1995 y 2005, en promedio, la inversión privada fue un 63% de la inversión total mientras que, entre 2005 y 2013, fue de tan solo 47%.Por otro lado, el INE también recoge una estadística llamada ‘casos resueltos por el poder judicial’ en la cual, al año 2000, se resolvían 33.6% de los casos, al 2006 el 25.6% y, al 2013, sólo el 16.78%. Además, según el Foro Económico Mundial, en el sub-pilar de ‘independencia judicial’ éramos el número 104 de 122 países el año 2006 mientras que el 2015 ocupamos la posición 126 de 140 países.Entonces la ecuación inversión pública más un sistema judicial débil daría como resultado un incremento en la corrupción y ésta a su vez reduciría la calidad de la inversión pública y del sistema judicial. Así, Tanzi y Davoodi terminan recomendando que se tenga cuidado en los pedidos de mayor inversión pública, especialmente en aquellos países donde la corrupción es un problema.*Estudiante de Economía