Editorial – El DíaLos escándalos de corrupción que sacuden a Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú e incluso a naciones que habían despertado cierta admiración por sus niveles de transparencia, como Chile, están comenzando a causar hastío en poblaciones acostumbradas a tolerar a líderes populistas que cometen sus fechorías con una mano, mientras que con la otra alimentan el prebendalismo con bonos, subsidios y regalos que atenúan los efectos de la pobreza, sin tomar en cuenta que la tajada más grande se la quedan los saqueadores.Y no es que la gente sea tonta o no se dé cuenta de esta ecuación perversa, alimentada por una estructura institucional muy débil y un sistema judicial ineficiente y parcializado, sino que en la misma transacción entre mandatarios y ciudadanos, también cuenta una cuota de transgresión que beneficia a amplios sectores con licencias como la evasión, la informalidad, el contrabando y un sinnúmero de «ventajas» que ofrece el sistema para mantener el statu quo y contrarrestar el malestar ciudadano.Existen también algunas tesis que indican que la corrupción no es el peor de los males de nuestros países y tampoco la que más erosiona las finanzas públicas, sino la continuidad de políticas estatistas que fomentan el derroche, que equivocan el camino del desarrollo con decisiones descabelladas, obras faraónicas, elefantes blancos y la excesiva concentración de recursos para el «manejo político» de la economía. Pero quien podría negar que justamente fue el estatismo, patentizado en los escándalos de la CAMC y el Fondo Indígena, el que propició los supuestos malos manejos que se están investigando. Ambos van de la mano y cuando uno nota el desborde que ha habido en la corrupción es porque justamente los tentáculos del Estado han crecido y se han multiplicado en el continente.Por esa misma equivocación y porque algunos cínicos llegaron a pensar que la corrupción también ha sido una forma de distribución de la riqueza, un colchón de la miseria, es que no se ha establecido una conexión clara entre los malos manejos y la pobreza de nuestros pueblos; entre el saqueo de los fondos públicos y la ausencia de desarrollo, atribuido solo a la carencia del modelo económico más efectivo.Afortunadamente esta visión está cambiando y recientes postulados emanados de organismos como el Banco Mundial y la ONU (que no incluyó a la corrupción en los objetivos del milenio), han comenzado a establecer condicionamientos a los países para luchar contra este flagelo, generador de pobreza y motor de otros males como la ausencia de justicia y la debilidad institucional que en conjunto generan atraso y desigualdad en el continente.»Tenemos que dejar de pensar que la corrupción roba en abstracto; les roba a los ciudadanos, especialmente a los más pobres. Te roba a ti, a todos. Se adueña de lo común, para meterlo en un bolsillo infame o en una cuenta de paraíso fiscal. Pedir que la gente, o el votante, lo olviden es ponerle un precio, corrupto y demasiado alto, a la democracia. Es aplastar esperanzas de vida de los niños o de dignidad como la de muchos hombres y mujeres honestos de América Latina», dice Alejandro Salas, director regional de Transparencia Internacional (TI) en un reciente artículo citado por el diario El País de Madrid.