El periodista Carlos Valverde reveló que la madre es una alta ejecutiva que se ha adjudicado importantes contratos del Estado.
Diversos dirigentes opositores demandaron este jueves que se investigue y esclarezca la denuncia del periodista Carlos Valverde quién reveló que una empresaria identificada como la madre de un supuesto hijo del presidente Evo Morales, es alta ejecutiva de una firma que se ha adjudicado importantes contratos del Estado
De acuerdo a un reorte de la Agencia de Noticias Fides (ANF), los legisladores opositores Oscar Ortiz, Jimena Costa y Ernesto Poppe y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, señalaron que una denuncia tan seria debe ser investigada y exigieron a las autoridades una declaración oficial y transparente al respecto.
El periodista Carlos Valverde divulgó el miércoles por la noche, en su programa informativo «Todo por hoy» que se emite por el canal de cable Activa TV en Santa Cruz, lo que describió como un certificado de nacimiento original del hijo de Morales y Gabriela Geraldine Zapata Montanno, en el que el Primer Mandatario reconocería su paternidad. La información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.
Valverde también exhibió una separata que aseguró fue publicada en el periódico El Mundo de Santa Cruz en la que Zapata Montaño aparece entre los ejecutivos de la empresa CAMC, que ha logrado grandes contratos estatales, como la construcción de la represa de Misicuni, del ingenio azucarero de San Buenaventura, el tramo 1 del ferrocarril Bulo Bulo-Montero y la planta de potasio del Salar de Uyuni. Los contratos alcanzan a un monto de 483,6 millones de dólares. De ellos, CAMC perdió el contrato del proyecto ferrocarrilero por demoras en su ejecución.
«Si se confirmara la situación, sería muy grave, ya que esta persona (Zapata Montaño) no tiene experiencia como empresaria y sin embargo la empresa que representa, CAMC, ha recibido millones de dólares en contrataciones directas», expresó Doria Medina a ANF. «Todo esto debe investigarse porque lo que existe es una posible muestra de grave conflicto de intereses».
Paralelamente, la periodista Amalia Pando informó en su programa radial en La Paz el jueves que CAMC también obtuvo un contrato para adquirir cuatro taladros para YPFB, por un monto de 60 millones de dólares adicionales, que llegaron al país con cuatro años de demora.
Además, dijo Pando, Zapata Montaño está interesada en construir un muelle granelero en Puerto Busch y denunció un evidente «conflicto de intereses» debido a que una persona que tiene una «relación directa» con el Presidente no puede «obtener tantos contratos por invitación directa».
Pando ligó los intereses de Zapata Montaño con los de Gravetal, que es la mayor empresa mayorista de soya de Bolivia, y los ferrocarriles que transportan ese grano. Ambos emprendimientos, recordó, están en manos del empresario venezolano chavista Carlos Gill, que hace poco también mostró interés en recuperar las barcazas chinas que no llegaron todavía a Bolivia. Pando dijo, con ello, que «este entramado de empresariado azul tiene la soya y el transporte y ahora quiere tener también el puerto y las barcazas».
La diputada de UN Jimena Costa señaló a ANF que «todo esto debe ser investigado con toda responsabilidad y profundidad, porque de comprobarse se desmotaría que la corrupción es endémica y que las relaciones llegarían hasta el presidente Evo Morales y no solamente hasta el Vicepresidente, que ya ha sido involucrado con los casos de Toyosa y contratos auríferos».Para el senador de Demócratas, Oscar Ortiz, esta «es una denuncia muy seria, creo que lo que corresponde es que el Gobierno, al más alto nivel, dé una explicación clara sobre este presunto tráfico de influencias. Primero esperaremos a que se dé una explicación al más alto nivel antes de emitir más criterios».
Por su parte, el diputado Ernesto Poppe, del PDC, dijo que «el gobierno boliviano, detrás de un ropaje supuestamente revolucionario, lo que en realidad tiene es un afán de enriquecimiento de sus máximas autoridades». Agregó que «el caso de la empresa CAMC tiene que ser esclarecido ya que hay evidentes muestras de conflicto de intereses y tráfico de influencias».
Fuente: El Día