Los abogados aseguran que hay injerencia del Gobierno y analizan dejar el caso de Zapata. Ahora la acusan de trata y tráfico, con lo que serían ocho delitos por los que se acusa a la expareja de Evo
El Gobierno amenazó con sumar un octavo delito contra Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, después de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informara que luego de revisar los archivos de Migración verificaron que el menor nunca salió del país y que si el abogado Eduardo León asegura que está fuera, Zapata sería acusada de trata y tráfico.
Hasta el momento la ahora detenida preventiva en el penal de máxima seguridad de Miraflores está acusada de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, legitimación de ganancias con afectación al Estado, ejercicio ilegal de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Pero al margen de esta intención del Gobierno, los abogados defensores, Eduardo León y Williams Sánchez Peña, pidieron una reunión con su cliente para definir la continuidad de sus labores. Sánchez dijo sentirse presionado por el mismo Gobierno, que lo señala como abogado del MNR, mientras que León afirmó que pidió documentos a su cliente para seguir con la defensa.
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“Hemos solicitado documentación; para mañana tenemos el certificado original de reconocimiento del menor, vamos a mostrar ese documento que certifica la existencia del niño y nuestra cliente se comprometió a entregarnos más pruebas”, dijo al ser consultado sobre su papel en el equipo.
Sánchez Peña dijo que tomaría una decisión en horas de la tarde, pero cuando fue contactado pidió esperar otras dos horas porque, supuestamente, estaba en reunión; luego apagó el celular.
Las certificaciones
El ministro Romero dijo ayer que revisaron dos veces los archivos de Migración y se constató que el menor no tiene una cédula de identidad y, por tanto, tampoco cuenta con pasaporte, razón por la cual Zapata se arriesga a ser acusada de trata y tráfico porque no puede viajar con un niño sin permiso de la familia, en este caso del padre.
Sin embargo, Romero dijo que estos informes certifican que Zapata viajó a Chile el 29 de agosto de 2008 por cuatro días y lo hizo desde el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz. Los demás viajes fueron en su mayoría a Argentina y Brasil. La autoridad mostró una decena de documentos con listas de viajes que realizó Gabriela Zapata desde 2007.
En su informe a la Comisión Especial del Legislativo, el fiscal general, Ramiro Guerrero, describió media docena de países a los que supuestamente viajó Zapata, entre los que figuran Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú.
El abogado León dijo que no es necesario el permiso de la familia cuando el menor corre peligro y, por tanto, afirmó que el niño existe y que será la juez de familia la que verifique la situación del menor y la existencia del mismo hasta el 14 de abril, fecha fijada para la audiencia donde se conocerá la verificación a cargo de la juez.
Del tráfico nadie sabe nada
Consultado Romero sobre el avance de investigaciones sobre las autoridades que se reunieron con Zapata, dijo que ese trabajo está en manos del Ministerio Público, que investiga estos extremos y dijo que ellos no generaron los informes de Migración de oficio, sino a solicitud de la Fiscalía.
Ayer, la comisión de fiscales asistió a la audiencia planteada por la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social Cristina Choque, y al final de la misma el fiscal Daniel Ayala evitó todo contacto con los medios de comunicación. “No me voy a referir al caso”, repitió en tres oportunidades mientras empujaba para abandonar la sala.
Hasta el momento, la Fiscalía y el Gobierno solo informaron en detalle sobre el caso del menor y evitaron todas las preguntas sobre el presunto tráfico de influencias y no se conoce con qué empresarios se reunió Zapata en oficinas de Gestión Social.
A principios de marzo, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que Zapata usó el certificado de nacimiento de su hijo para presentarse en al menos cinco entidades y mencionó ministerios, empresas estatales y embajadas, y dijo que esa información era oficial y que estaba en poder del Ministerio Público; sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no convocó a nadie referido a este caso y estas visitas, concentrando sus investigaciones en la vida privada de Zapata.
Sobre los otros acusados del caso, Cristina Choque enfrentará el proceso judicial y su abogada, Martha Requena, dijo que demostrarán las incongruencias de la acusación del fiscal y los riesgos procesales, que en realidad no existen.
Respecto a Jimmy Morales, chofer de Cristina Choque, su abogado había anunciado antes del feriado de Semana Santa que su cliente se sometería a un juicio abreviado, pero ayer Marco Guía evitó mencionar este paso judicial y se desconoce si hubo reuniones con la Fiscalía para acordar los términos.
La custodia de la hija
Ayer por la tarde, personeros de la Defensoría de la Niñez acudieron a la casa de Gabriela Zapata para verificar las condiciones en las que vive la hija menor de la acusada de tráfico de influencias y constataron que no tiene problemas. Recomendaron la custodia en manos de la tía de la menor, María René Zapata, hermana de Gabriela.
La familiar dijo que la menor de seis años tiene todas las condiciones para desarrollarse en este ambiente y que fue verificada por los funcionarios del municipio de La Paz, incluso los medios de comunicación accedieron a la vivienda en el momento en que se realizaba la inspección
CHOQUE SEGUIRÁ DETENIDA EN LA CÁRCEL
La ex directora de la unidad de Gestión Social Cristina Choque no logró cambiar las medidas preventivas que pesan sobre ella, y la Sala Penal Tercera, a cargo de Góver Cori Paz, le negó la apelación, disponiendo que siguiera detenida en el penal de Obrajes en la zona Sur.
La defensa de Choque intentó desvirtuar los riesgos procesales para obtener la libertad de su cliente, pero el presidente de esta sala dijo que ella puede influir en los partícipes y alterar las pruebas; respecto a su estado de madre lactante refirió que los riesgos superan al derecho que le acoge por ser madre de un bebé de seis meses.
Al abandonar la audiencia, Choque reiteró que su oficina no es autárquica ni descentralizada y que ella dependía administrativamente y legalmente de la máxima autoridad, en este caso del ministro Juan Ramón Quintana; aunque no quiso confirmar si esta autoridad conocía de las reuniones de Gabriela Zapata en esas oficinas.
La abogada defensora, Martha Requena, refirió que hasta el momento no existe el registro de visitas en esa repartición y dijo que por ahora el Ministerio de la Presidencia no entregó estos documentos y solamente lo hizo en copia legalizada.
Fuente: eldeber.com.bo