Harry, Luis, Rodrigo, Elias y Wilfredo fueron los cinco niños menores de 15 años que murieron junto a Juana, embarazada de 25 años, en el incendio de uno de los muchos talleres textiles que funcionan en Buenos Aires. El juicio se iniciará el 18 de abril después de 10 años.
La Paz, 21 de marzo (ANF).- Después de 10 años se inicia el próximo 18 de abril, el juicio en el caso del incendió del taller textil en la Calle Luis Viale # 1269 donde murieron seis migrantes bolivianos.Â
La imputación es contra dos capataces del lugar; Juan Manuel Correa de nacionalidad argentina y Luis Sillerico que es boliviano, aunque los familiares, amigos y colectividad boliviana en Buenos Aires exigen que se procese a los dueños de las marcas Jaime Geiler y Daniel Fischberg.
Juana Vilca, mujer embarazada de 25 años, Harry Rodríguez de 3 años, Luis Quispe de 4 años, Rodrigo Quispe de 4 años y Elías Carbajal de 10 años y Wilfredo Quispe de 15 años son las seis víctimas que murieron el 30 de marzo del 2006.Â
64 personas junto a toda su familia vivían en el taller ubicado en El Caballito, casi todos migrantes del Cantón Cohana de La Paz, 38 eran menores de edad quienes dormían hacinados en el piso superior del lugar, separados por telas y tabiques de madera.
Eso no es todo, según los testimonios de los sobrevivientes en el taller solo había un baño con ducha, sin agua caliente.
Los únicos imputados son los dos talleristas y según explican los familiares si éstos quedan libres es imposible progresar sobre las responsabilidades de los empresarios.Â
El 30 de marzo se cumplen 10 años desde que se produjo el incendio. Se realizarán actos en la puerta del tribunal de justicia, además de un acto en las puertas del taller.Â
Este año también será procesado el empresario dueño del taller incendiado en el barrio La Floresta, Lee Sup Yong, donde el pasado 2015 fallecieron los bolivianos Rodrigo y Rolando Mur.Â
Este fallo podría ser ejemplar para que la actuación de los jueces del caso de Luis Viale.
Antecedentes
Jaime Geiler y Daniel Fischberg son una sociedad que produce una serie de marcas de indumentaria masculina (JD, Wol y LDV) comercializadas en calle Avellaneda y Once, su fabrica se encuentra ubicada en la calle Galicia #1241, la tres direcciones son de Buenos Aires, Argentina.
Estos empresarios además tienen la titularidad del inmueble de la calle Luis Viale que se encuentra a 150 metros de su fábrica.
Los dos capataces que organizan el trabajo en el taller son los actuales imputados del caso, Juan Manuel Correa y Luis Sillerico.Â
El padre de Correa era sastre de la fábrica de Geiler y Fischberg, quienes le ofrecen alquilarle la propiedad de Luis Viale a su hijo, Juan Manuel, para que arme un taller.
Juan Manuel de 25 años pide dinero préstado a los empresarios argentinos ya citados para comprar las maquinas que usaría en el taller además decide compartir este emprendimiento con Sillerico que contaba con máquinas propias. Sillerico vive en el taller junto a sus seis hijos.
Sobre el incendio
El día 30 de marzo de 2006 un desperfecto eléctrico -efecto joule- genera el recalentamiento de la precaria instalación eléctrica, iniciando el incendio en las plantas superiores.Â
Según el registro y declaraciones, Sillerico primero llama a la fábrica de Fischberg y Geiler y no a los bomberos para informarles del incendio además los matafuegos del taller se encuentran vencidos y sin el precinto de seguridad.
En las declaraciones los trabajadores sostienen que los bomberos tardaron entre 45 minutos y una hora en llegar, además el camión bombero no tenía agua.
Si el caso fuera como esgrimen los dueños de las marcas, que ellos sólo tercerizaban, como tantas otras marcas, desconociendo las condiciones de trabajo no existe razón alguna por la cual elijan llamar primero al fabricante antes que a los bomberos, afirmó el vocero de la colectividad boliviana, Juan Vásquez a ANF.
Sobre el proceso judicial
Desde el inicio el proceso fue incorrecto ya que se omitió instruir una investigación dirigida a profundizar en la responsabilidad de los funcionarios y de los empresarios.Â
Los únicos acusados por el incendio y no por las condiciones de trabajo que imperaban en el taller son los dos talleristas: Correa y Sillerico.Â
La imputación es por incendio seguido de muerte, al tiempo que la justicia presiona por resolverlo a través de juicio abreviado cosa que los familiares rechazan.Â
El delito es excarcelable, por lo que ambos talleristas se encuentran en libertad y tampoco hay otros investigados ni imputados.
Todo el proceso iniciado en el año 2007 es desmantelado con la asunción de Mauricio Macri al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quienes tras el incendio solo dieron subsidios de $300 a las víctimas que se hospedaron precariamente en la Asociación Deportiva del Altiplano tener en cuenta que el salario mínimo en ese momento rondaba los $800.
Los familiares tardaron 52 días en recibir los cuerpos de las víctimas para ser velados.Â
Correa y Sillerico se presentan a la justicia como víctimas del incendio, solicitando la restitución de la maquinaria porque estaban endeudados, al mismo tiempo, Fischberg y Geiler se presentan denunciando el incumplimiento del contrato de alquiler por parte de Correa, esgrimiendo que en los meses de funcionamiento del taller nunca se pagó una sola cuota de alquiler.Â
Según la colectividad boliviana que sigue el caso en Buenos Aires, esto demuestra que dicho  alquiler es ficticio y fraudulento.Â
Como explica Vásquez, parte del colectivo Simbiosis Cultural que realizan un acto de memoria cada año desde que sucedió el incendio, si bien en Argentina aún no se contaba con la reciente Ley de Trata ni con la de Trabajo Infantil, existían instrumentos que indicaban la responsabilidad de los empresarios.Â
En el país se hallaba vigente en ese momento la Ley de Migraciones 25.871, que en sus artículos 115 y 117 penaliza el aprovechamiento de migrantes en condición de irregularidad. Asimismo, el artículo 140 del CP condena la reducción a la servidumbre. Por último, la Ley 12.713 de Trabajo a domicilio en su artículo 4to establece la responsabilidad solidaria de los empresarios por las condiciones en las que se ejecuta el trabajo en los domicilios, indicó a ANF.
Los familiares señalan numerosos intentos de resolución del proceso via juicio abreviado, también trataron de reducir la cantidad de testigos y de prescribir el delito.Â
Después de 10 años el juicio inicia el 18 de abril  en el juzgado TOC 5 a cargo de Adrián Pérez, Rafael Oliden y Fátima Ruiz
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/MJF/NVG
Fuente: noticiasfides.com