Cientos de agentes de distintas fuerzas de seguridad participan en un megaoperativo de allanamientos en las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz, según ordenó la Justicia.

A instancias del juez federal Sebastián Casanello, quien firmó la orden ayer, el fiscal Guillermo Marijuan viajó especialmente anoche a Río Gallegos para coordinar los allanamientos.Según pudo saber LA NACION, bajo sus directivas se preparaban esta mañana en tierra patagónica efectivos de Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA). Junto a la fiscalía, participa personal de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera.

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Se estima que el megoperativo en una decena de propiedades que corresponden al empresario ligado al kirchnerismo -hoy detenido en Ezeiza por lavado de dinero- será maratónico. Casanello pidió que los allanamientos se hagan con habilitación de días y horas inhábiles; es decir, de corrido, sin límites horarios.Alrededor de las 9.30, unas 30 personas llegaron desde Buenos Aires a Río Gallegos para hacer los operativos, pero no había novedades sobre el comienzo de los allanamientos. Quedaba por determinar qué juez debe hacer cumplir la orden en el Sur.

El objetivo de los operativos es tasar las propiedades, hacer un inventario y secuestrar el dinero en efectivo que se encuentre, como también todos los bienes registrables, suntuosos o de lujo y los demás valores que pudiera haber en los inmuebles.Casanello ordenó 37 allanamientos a propiedades registradas de Báez pero los procedimientos podrían ser más, ya que incluirán los bienes registrables del grupo empresario y todo aquello que se considere pertenece al empresario o su entorno familiar.

Las propiedades de Báez

De acuerdo con la identificación de propiedades de documentos catastrales, el empresario tiene sólo en Santa Cruz 76 propiedades registradas a su nombre, cifra que se eleva a 212 si se toman en cuenta las propiedades de sus hijos y siete de sus empresas, con las que adquirió gran cantidad de inmuebles.Terrenos grandes y pequeños, canteras, chacras, estancias, casas y departamentos fueron comprados en su mayoría entre 2004 y 2012. Así surge de la sumatoria de bienes escriturados a su nombre; los de sus hijos Martín, Leandro y Luciana, y las empresas Austral Construcciones, Badial SA, Kank y Kostilla, Valle Hermoso, Epelco, Loscalzo y Del Curto.Los inmuebles están distribuidos en las localidades santacruceñas como Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio.Informe de Mariela Arias (corresponsal en Santa Cruz)

La Justicia ordenó allanar todas las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz

El juez Casanello pidió secuestrar todo el dinero y también los bienes de lujo y los valores que encuentren; el fiscal Marijuan viaja para dirigir los operativos.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer allanamientos en todas las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz en busca del dinero, los bienes de lujo y los valores que pudiera haber allí.

Por exhorto, le encomendó la tarea al juez subrogante de Río Gallegos, Federico Calvete -que es juez titular en Ushuaia-, y confió la dirección de los operativos al fiscal del caso, Guillermo Marijuan, que anoche se preparaba para viajar al Sur.Casanello pidió que los allanamientos se hagan con habilitación de días y horas inhábiles; es decir, de corrido, sin límites horarios. El objetivo de los operativos es tasar las propiedades, hacer un inventario y secuestrar el dinero en efectivo que se encuentre, como también todos los bienes registrables, suntuosos o de lujo y los demás valores que pudiera haber en los inmuebles. Por eso, serán operativos enormes. La idea es «recuperar los activos» que, según la sospecha de la Justicia, son el resultado del presunto lavado de dinero que se investiga en el expediente.

El juzgado no informó cuáles son las propiedades a allanar, pero LA NACION supo que se trata de decenas de inmuebles. Que están en la nómina todos los que la Justicia tenía identificados por los informes de la AFIP que se presentaron en la causa, pero que no es una lista cerrada: para evitar la posibilidad de que quedaran afuera otros, el juez le encomendó a su colega que allanara toda propiedad que resultara ser de Lázaro Báez, de Martín Báez o de sus familiares. También, las propiedades de las empresas vinculadas a los Báez. Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de los operativos.Lázaro Báez está procesado por lavado de dinero en esta causa y lleva 20 días preso en la cárcel de Ezeiza junto con su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco, que fue detenido después de haber estado prófugo y haber huido a Paraguay.

En el fallo que dispuso los procesamientos por lavado, Casanello había ordenado tasar las propiedades de Báez. Los allanamientos de ayer buscan instrumentar esa orden. Pero responden además al contenido de un escrito que hizo llegar al juzgado de Casanello Leonardo Fariña, supuesto valijero de Báez, el miércoles de la semana pasada.

Nuevos datos

El 8 de abril, Fariña hizo una larga exposición ante el juez en la que se acogió a la figura del arrepentido; acusó a su ex jefe de haber lavado dinero y lo señaló como parte de una maniobra montada por Néstor Kirchner para quedarse con millones de pesos del Estado, en teoría destinados a la obra pública. El miércoles pasado, Fariña, ya en libertad, agregó a su indagatoria un manuscrito con nuevos datos. Esos papeles, que presentó su abogada defensora, incluían información sobre dónde escondería Báez su fortuna. Detalles de estancias con supuestas cocheras que funcionaban como bóvedas y de quinchos mucho más custodiados que las casas principales, rodeados, según Fariña, de hombres fuertemente armados.De acuerdo con las constancias de la causa, Casanello recibió el manuscrito y lo mandó a la fiscalía de Marijuan en un sobre cerrado con el objetivo de evitar filtraciones. La idea era que la fiscalía chequeara su contenido y corroborara la información brindada por Fariña, dispusiera medidas y le pidiera al juzgado aquellas que requirieran orden judicial (por ejemplo, los allanamientos). Ayer al mediodía, antes de esperar la respuesta de Marijuan, Casanello ordenó esta larga lista de operativos. El motivo fue que la información brindada por Fariña se había filtrado y había sido publicada ya por algunos medios, informaron fuentes del caso. Por la tarde, el fiscal pidió nuevas medidas, que se agregaron a las que ya se habían ordenado.Ayer, en forma paralela la resolución que ordena los allanamientos, Casanello se quejó de la filtración, que los funcionarios que trabajan en la causa adjudican a «terceros». En una breve nota exhortó a las partes a cumplir con las «buenas prácticas de la profesión» y a manejarse con reserva y discreción para -en términos del juez- no comprometer el avance de la causa.En cuanto a los allanamientos dispuestos, Casanello pidió ayer la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF, el organismo antilavado) y de la AFIP para que auxiliaran al fiscal en la tarea de recuperar los activos. El juez solicitó que la AFIP, que es querellante en esta causa, aportara por ejemplo los expertos que deberán viajar a las propiedades de Santa Cruz para realizar las tasaciones.Para llevar adelante los operativos, el juez Casanello convocó a la Policía Federal Argentina, tanto a la División Investigaciones Patrimoniales como a la delegación de Santa Cruz.

Exigen que el municipio le cobre a Báez

RÍO GALLEGOS (De nuestra corresponsal).- El Concejo Deliberante de esta ciudad exige que el municipio le cobre al empresario Lázaro Báez, hoy detenido, las abultadas deudas que mantiene con la comuna en concepto de patentes automotor y otros servicios. Por unanimidad, los concejales radicales y del Frente para la Victoria quieren que el municipio apure acciones jurídicas contra el empresario hoy encarcelado para garantizar el pago de más de cuatro millones de pesos.

Los concejales aprobaron una resolución de autoría del presidente del cuerpo, Daniel Roquel (UCR), para solicitar al actual intendente, Roberto Giubetich (UCR), «que lleve adelante las acciones jurídicas para el cobro de las deudas que mantiene con el municipio la empresa Austral Construcciones SA, así como también todas aquellas empresas de las que el Sr. Lázaro Báez sea propietario o tenga participación accionaria», detalla la iniciativa. La deuda a cobrar, según la resolución, es de más de cuatro millones de pesos, en concepto de impuestos inmobiliarios, impuesto a la patente automotor y tasas. Y también remarca que a Austral SA le dictaron embargos judiciales por deudas con la aseguradora Provincia ART.