Al presidente Evo Morales le hizo el saco de la denuncia de los obispos bolivianos, quienes advirtieron sobre la penetración del narcotráfico en esferas estatales.A pesar de que la Conferencia Episcopal no señaló nombres propios, el caudillo cocalero se sintió directamente aludido, a juzgar por sus airadas declaraciones: “No acepto que algunos jerarcas de la Iglesia me digan narcotraficante”.A esto le siguió una suerte de amenaza contra los obispos: “Desde acá estoy dando un ultimátum, esa Conferencia Episcopal que dé nombres, quiénes son los narcotraficantes del Estado, es presidente, vicepresidente, son diputados, senadores o gobernadores, que dé nombres”.Al margen de que el primer mandatario no es quién para lanzar ultimátum alguno contra ningún ciudadano, la tarea de investigar la penetración de los narco-poderes en el Estado debería corresponder normalmente al Ministerio Público. Claro que en el esquema hegemonista actual, de casi nula independencia de poderes ni de organismos de contralor, esto se vuelve casi utópico.La furibunda reacción del mandamás plurinacional tiene mucho de confesión de parte, además de trasuntar una vez más su veta antidemocrática, que no admite opinión ajena discordante y es propensa a la intimidación contra quienes ejercen el pensamiento crítico…[email protected]