Ya está claro que la estrategia gubernamental asumida tras la derrota en el referéndum constitucional del 21 de febrero incluye un aumento de la represión a las voces disidentes.Prueba de ello son las detenciones con motivaciones políticas realizadas desde esa fecha, comenzando por la de la ex dirigente de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, encarcelada desde hace casi tres meses por la difusión de un video crítico por las redes sociales.La oleada persecutoria ha continuado recientemente con la detención del abogado Eduardo León, por actuaciones tomadas por la defensa de Gabriela Zapata antes de que el jurista se incorporase a la misma. También se encuentran “a buen recaudo” otros dos abogados de la ex pareja del presidente Evo Morales, que buscan evitar la prisión.En el caso de la detención de León, ésta parece tener elementos altamente irregulares, como lo señaló el mismo juez a cargo de su audiencia cautelar, quien sin embargo no procedió a la liberación correspondiente (probable síntoma de las presiones del Ejecutivo sobre la justicia).Al mismo tiempo, pesa la “espada de Damocles” del procesamiento judicial sobre los periodistas Carlos Valverde y Amalia Pando, y es patente la intención del oficialismo de reformar la Ley de Imprenta con fines represivos.Frente a esto, sería bueno recordar que en el seno de la Organización de Estados Americanos existen oficinas como la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ante las cuales debería plantearse la deteriorada situación de la Bolivia sometida al régimen neo-autoritario…[email protected]